La iniciativa del Ejecutivo permite a extranjeros condenados por Ley de Drogas a penas de cinco años o inferiores, optar a la expulsión del territorio nacional. “Se hace cargo de una realidad”, destacó el diputado Leiva (PS) en el hemiciclo.
“Esto no se trata de lo que más le interesa a un senador o si esto es un gallito para el Gobierno o no, la pregunta es cómo fortalecemos la persecución del delito”, sostuvo el mandatario, en tanto la ministra de Justicia llamó a cuidar a la Fiscalía.
El dirigente del Movimiento de Acción Migrante afirmó que existe un desprecio por el derecho de las personas y que se está frente a un fenómeno minar la esencia de los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Luego de la determinación, el director en Chile de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, criticó este nuevo retraso. “Es muy importante que se avance en sanciones a los responsables” después de cinco años de indagatoria, precisó.
La canciller Antonia Urrejola afirmó que se trata de un trabajo inédito y da cuenta de la voluntad del gobierno de estar sujeto al escrutinio internacional en materias de protección a los derechos humanos.
La titular de Justicia sostuvo que están coordinando con el Senado el momento de la votación que deberá definir si se aprueba a la nueva carta para el Ministerio Público que será dada a conocer por el Ejecutivo en estos días.
El presidente de la institución, abogado Carlos Margotta Trincado, destacó que esto “nos obliga moralmente a levantar nuestra voz y hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar que la tragedia de ayer se repita en nuestra patria”.
La Secretaria Ejecutiva de Fundación PIDEE afirmó que siguen apoyando demandas de jóvenes que fueron agredidos en el estallido social por agentes del Estado, pero Carabineros no entrega los antecedentes a la justicia.
La académica abordó la problemática de los derechos humanos de las personas que llegan desplazas a nuestro país y destacó el compromiso de Radio Universidad de Chile con la promoción y defensa de los DDHH.
El tribunal solicitó más antecedentes a Chile con el fin de indagar minuciosamente el fundamento jurídico así decidir sobre la solicitud presentada. Mientras tanto la exalcaldesa deberá permanecer recluida en la cárcel de mujeres de Utrech.
El organismo indicó que la posición chilena se fundó en una política de Estado, en “un ámbito de consensos mayores, donde no cabe traer los enfrentamientos ligados a la política interna del país”.
La portavoz del máximo tribunal aseguró que las reuniones que realiza de forma privada en su domicilio -como lo fue el encuentro hace cinco meses con el candidato al cargo de Fiscal Nacional, Carlos Palma- no pasan por Ley de Transparencia.
El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana dio a conocer el Primer informe Anual de Política Criminal que da cuenta de una serie de nudos críticos que impiden el desarrollo de una política pública para enfrentar los problemas de seguridad.
Los juristas vienen a ocupar las vacantes que dejaron Rodrigo Ríos y José Morales, integrando la lista de candidatos que contempla a Ángel Valencia, Marta Herrera y Carlos Palma.
La vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, indicó que mañana martes los supremos deberán votar por dos candidatos de los ya presentados para reemplazar a José Morales y Rodrigo Ríos.
