Los hechos de corrupción por los que está siendo investigado el exjefe de la policía civil ponen en tela de juicio a toda la institución policial en medio de una crisis de confianza en la institucionalidad que lleva varios años. Para la socióloga y experta en Seguridad Pública Lucía Dammert, la Policía de Investigaciones debe explicaciones tanto al Gobierno como a la ciudadanía para evitar seguir profundizando la ya enorme “grieta en la relación policía comunidad”.
La acción judicial, apoyada por la diputada Claudia Mix y la convencional Valentina Miranda, busca que se investiguen los graves hechos de pedofilia y explotación sexual denunciados al interior del recinto dependiente del Sename. “El centro de la acción es velar por el derecho a la vida, que tiene que ver no solo con que no te maten, no solo con respirar, sino que te otorguen condiciones de dignidad para vivir y el derecho a la salud física y psíquica que se entiende de una manera integral en los organismo internacionales”, señaló el alcalde Ítalo Bravo.
“Hemos recibido una denuncia de diversos abogados de que el Ministerio ha comenzado a rebajar condenas e indultar a personas condenadas por violaciones a los Derechos humanos, lo cual infringe obligaciones internacionales de nuestro Estado”, sostuvo Isabel Allende.
La Fiscalía solicitó además 10 años de presidio para su esposa por el mismo delito y el comiso de cuatro departamentos en Las Condes y una parcela en Chicureo.
La representante del Partido Comunista abordó el lento avance que ha tenido la propuesta en el Senado, y llamó a los legisladores a mirar la situación con el enfoque humanitario que requiere.
El integrante de la Fundación Ciudadano Inteligente y ex abogado querellante del caso SQM enfatizó además que el PPD tiene mucho que explicar respecto a lo que ha sido su vínculo con la empresa de Ponce Lerou, en relación al financiamiento ilegal de la política
La defensa del otrora alcalde , encabezada por Eduardo Lagos, su representante legal, acudió a la Corte de Apelaciones de San Miguel argumentando que la medida de prisión preventiva es “desproporcionada”.
El ex Capitán de Carabineros, Patricio Maturana, está formalizado por el delito de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas.
Las cifras se entregaron en el marco del llamado que realizó el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sobre poner fin a las deportaciones sumarias y respetar el debido proceso
A pocos días de que se cumpla el plazo de investigación de la causa, distintas organizaciones han redoblado sus llamados para exigir justicia y reparación tanto para Gustavo, como para los cientos de personas que fueron víctimas de vulneraciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.
De esta manera, Aguilera se transforma en el segundo imputado en esta causa sobre corrupción que debe cumplir la medida cautelar de privación de libertad. El plazo para la investigación quedó fijado hasta el 27 de septiembre, aunque Fiscalía podría pedir una ampliación.
La defensa del ex alcalde de San Ramón solicitó que la audiencia se llevara a cabo de manera privada, es decir, que no se transmitiera por el canal del Poder Judicial, solicitud que fue rechazada por la jueza Marcela Dattas por no haber justificación suficiente para ello.
Familiares de una de las víctimas de este montaje de la dictadura chilena en coordinación con otros regímenes del Cono Sur, presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de DDHH para rectificar la publicación del periódico propiedad de los Edwards.
Según estableció la jueza del segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, el medio de comunicación de la familia Mosciatti sustituyó a periodistas, varios de ellos con cargos claves en el funcionamiento de la radio, “logrando paliar el efecto de la huelga”. Desde el sindicato de trabajadores valoraron el fallo, destacando que “demuestra lo que denunciamos con fuerza durante la huelga: que la empresa incurrió en prácticas antisindicales y negoció de mala fe”.
En su fallo, el Máximo Tribunal reconoce que los militares son funcionarios públicos y, por ende, sus derechos son susceptibles de ser cautelados a través del procedimiento de tutela por vulneración ocurridos en el contexto de la relación laboral.
