Según informaron desde el Ministerio Público, este viernes el funcionario policial será formalizado.
Pese a que, por ser un fallo de primera instancia, el Consejo de Defensa del Estado puede apelar la resolución; los montos que se determinaron como indemnización para las víctimas y familiares van desde los $3 millones a los $150 millones.
El trámite judicial ante el Tribunal Federal de Nueva Gales del Sur podría demorar años, poniendo en riesgo la efectiva extradición de la ex secretaria de Manuel Contreras para enfrentar la justicia chilena.
Este martes comenzó el juicio por la muerte del comunero Camilo Catrillanca, instancia en la que la familia busca se consiga cadena perpetua para el asesino del joven.
La Democracia Cristiana, a través del abogado Ignacio Suárez, apoyó al padre de Aníbal Villarroel para presentar una querella contra quienes resulten responsables del homicidio del joven de 26 años. La familia de la víctima acusó que no han tenido ningún contacto con el Gobierno y criticó que el Ejecutivo “dé más valor e importancia a pintar un monumento que a tomarse un minuto para dar el pésame a la madre de un joven asesinado”.
En fallo dividido, el máximo tribunal del país permitió acceder, pero con limitaciones, a los documentos solicitados por Fiscalía.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado y ex fiscal, Carlos Gajardo, abordó el debate en torno a las extensas y desproporcionadas medidas cautelares que se le han aplicado a jóvenes que fueron detenidos por desórdenes públicos en el contexto del estallido de octubre pasado.
Autora de “El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno” y “La máquina para defraudar”, la académica de nuestra casa de estudios reflexiona sobre esta sentencia y pone el acento en la necesidad de empoderar a los órganos investigadores.
Para la Comisión Chilena de Derechos Humanos lo sucedido en Chile desde octubre pasado se enmarca en una política grave y sistemática de violaciones a los derechos humanos y los hechos del viernes solo vienen a reafirmar eso. “Aquí no solo hay responsabilidad política, sino también penal en el marco de lo que son las obligaciones que tiene la autoridad en el manejo del orden público”, señaló su presidente en entrevista con nuestro medio.
Además se determinó un plazo de investigación de 120 días para determinar responsabilidades del imputado, quien deberá pasar sus días en el recinto penitenciario de Pudahuel Norte.
Los hechos investigados ocurrieron a principios de la década del 2000 en la Escuela de Inteligencia de Nos.
El Ministerio Público ya obtuvo una orden judicial para acceder a los correos electrónicos de las autoridades sanitarias, sin embargo el ministro Paris se opuso a la diligencia argumentando la reserva especial de tales mensajes.
Frente a La Moneda, integrantes de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular también expresaron su solidaridad con Fabiola Campillai, quien se encuentra en un delicado estado de salud e internada en el IST por complicaciones en su recuperación y un cuadro de meningitis.
El ahora ex uniformado arriesga penas que van desde el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, es decir, de 15 años y 1 día a 40 años.
La menor de edad de 9 años fue impactada por balas y resultó herida de gravedad en un ataque incendiario a un camión en la región de La Araucanía.
