Impacto generó el contenido de la declaración del ex director sociocultural de La Moneda e hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, quien aseguró que el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo utilizó el caso Caval para desviar la atención de la indagatoria SQM. Mientras, La Moneda guarda silencio, el oficialismo resiente el peor cierre del año que pudo imaginar.
En el marco de la discusión por gratuidad, actores sociales de la educación emplazaron al Gobierno a realizar una transformación profunda y definitiva del sistema educacional, que vaya más allá de una ley corta que asegure gratuidad a algunas instituciones de educación superior.
El ex miembro de la Comisión Nacional de Acreditación criticó la decisión de la Fiscalía, toda vez que el delito investigado atentó contra la fe pública. Por lo tanto, llamó al Ministerio Público a juzgar sin este tipo de acuerdos.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el académico no solo cuestiona la lealtad que debiera darse a los principios que establece la sentencia del Tribunal Constitucional. También critica la falta de visión del Gobierno respecto de una política gradual capaz de integrar los distintos proyectos y dar claridad sobre un punto de llegada.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el ex presidente de la DC aseguró que es hora de que Michelle Bachelet asuma sus errores y se libere de los grupos neoliberales que la tienen cercada, siendo el único camino para acabar con la corrupción y situaciones tales como la fusión de las AFPs Cuprum-Argentum.
Junto con reconocer que su nombramiento como director sociocultural de La Moneda generó molestia en el denominado grupo G90, liderado por el ex ministro del Interior, explicó que formatear su computador tenía el objetivo de borrar su perfil de usuario y contraseña para no quedar expuesto a ser manipulado, “pues tenía el temor fundado de que así podía ocurrir”.
El Diario Electrónico de la U. de Chile accedió al fallo completo del TC. Entre sus argumentos, el Tribunal califica de “quimera” el proyecto de gratuidad. En respuesta al documento, el Gobierno evalúa cómo implementar su compromiso. Mientras rectores y estudiantes se preparan para marchar.
Según el escrito presentado por su defensa, la pérdida de inmunidad representa una medida injusta, además de estimar que la acción legal en su contra debe ser presentada por el propio estudiante.
A la espera del fallo íntegro del Tribunal Constitucional, la educación superior define este lunes diversos aspectos. Y si bien el Ejecutivo confirmó que ninguna universidad estatal quedará fuera del beneficio, entre los planteles afectados, como la Universidad Arturo Prat, advierten sobre el grave daño que ha generado el Gobierno con sus políticas.
En la misma posición de ME-O se encuentran Sebastián Piñera, Isabel Allende, Ricardo Lagos Escobar, Manuel José Ossandón y Andrés Velasco.
Alrededor de treinta minutos, universitarios y secundarios se mantuvieron en el frontis del edificio ubicado en calle Teatinos, en protesta para exigir “educación gratuita para todos y todas”. Este lunes, el Tribunal Constitucional dará a conocer íntegramente el fallo que impugnó la glosa de gratuidad para la educación superior.
Levantar al conglomerado luego de los efectos provocados por las investigaciones judiciales en contra de políticos de la derecha y alcanzar un consenso en torno a los procesos eleccionarios, municipales, parlamentarios y presidenciales aparecen como los principales desafíos de la coalición Chile Vamos luego de su presentación en sociedad.
Luego de cuatro días de movilización, los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmaron el término de la paralización de actividades que mantenía a 12 aeropuertos sin actividad aérea.
Los fraudes e irregularidades en las Fuerzas Armadas denunciadas, por ejemplo, en el caso “Milicogate” han traído nuevamente al debate el rol de los cuerpos de seguridad y orden, así como los gastos y la inversión del Estado en armamento y logística militar. En este contexto, abogados y organizaciones de Derechos Humanos llamaron a las autoridades a regularizar la diferencia que existe entre las pensiones que reciben los ciudadanos comunes y los militares.
Comisión investigadora se abocará a la incidencia del subsidio forestal, en el supuesto enriquecimiento y colusión de las grandes empresas papeleras. Sin embargo, entre las organizaciones socioambientales las expectativas son bajas, y exigen reparar y compensar a los territorios afectados.
