“Hoy estamos dibujando entre todos la historia de Chile de una manera distinta”. Con estas palabras la ministra de Educación celebró la aprobación de la ley corta de gratuidad por el Congreso. Mientras, parlamentarios oficialistas insistieron en sus críticas a la derecha y al Tribunal Constitucional por el rechazo a la glosa de gratuidad.
Además, critican a parlamentarios de partidos tradicionales de ingresar indicaciones y buscar el beneficio propio, en desmedro de los independientes y de la democracia. Incluso, homologando el proceder del duopolio político con la colusión de las empresas.
El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados para ser despachado y promulgado.
Mientras el Ministro de Defensa se comprometió a agilizar los procesos investigativos, los parlamentarios hicieron un llamado a la colaboración, para que la secretaría de gobierno y la propia institución, no demoren más la entrega de documentos.
El diputado de Revolución Democrática acusa a la derecha de actuar mediante un eslogan político y desde siempre oponerse a la gratuidad, además de ocupar la amenaza del Tribunal Constitucional para lograr una mejor posición negociadora. “Eso es una captura democrática que hay que denunciar”.
El órgano contralor dejó sin efecto un dictamen del año 2009 que autolimitaba las facultades fiscalizadoras de la institución en materias vinculadas a la Ley Reservada del Cobre. El documento, además, consagra explícitamente la obligación de las Fuerzas Armadas de someterse a la fiscalización de la entidad, incluso en “aquellas obras militares declaradas secretas”.
Impacto generó el contenido de la declaración del ex director sociocultural de La Moneda e hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, quien aseguró que el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo utilizó el caso Caval para desviar la atención de la indagatoria SQM. Mientras, La Moneda guarda silencio, el oficialismo resiente el peor cierre del año que pudo imaginar.
En el marco de la discusión por gratuidad, actores sociales de la educación emplazaron al Gobierno a realizar una transformación profunda y definitiva del sistema educacional, que vaya más allá de una ley corta que asegure gratuidad a algunas instituciones de educación superior.
El ex miembro de la Comisión Nacional de Acreditación criticó la decisión de la Fiscalía, toda vez que el delito investigado atentó contra la fe pública. Por lo tanto, llamó al Ministerio Público a juzgar sin este tipo de acuerdos.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el académico no solo cuestiona la lealtad que debiera darse a los principios que establece la sentencia del Tribunal Constitucional. También critica la falta de visión del Gobierno respecto de una política gradual capaz de integrar los distintos proyectos y dar claridad sobre un punto de llegada.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el ex presidente de la DC aseguró que es hora de que Michelle Bachelet asuma sus errores y se libere de los grupos neoliberales que la tienen cercada, siendo el único camino para acabar con la corrupción y situaciones tales como la fusión de las AFPs Cuprum-Argentum.
Junto con reconocer que su nombramiento como director sociocultural de La Moneda generó molestia en el denominado grupo G90, liderado por el ex ministro del Interior, explicó que formatear su computador tenía el objetivo de borrar su perfil de usuario y contraseña para no quedar expuesto a ser manipulado, “pues tenía el temor fundado de que así podía ocurrir”.
El Diario Electrónico de la U. de Chile accedió al fallo completo del TC. Entre sus argumentos, el Tribunal califica de “quimera” el proyecto de gratuidad. En respuesta al documento, el Gobierno evalúa cómo implementar su compromiso. Mientras rectores y estudiantes se preparan para marchar.
Según el escrito presentado por su defensa, la pérdida de inmunidad representa una medida injusta, además de estimar que la acción legal en su contra debe ser presentada por el propio estudiante.
A la espera del fallo íntegro del Tribunal Constitucional, la educación superior define este lunes diversos aspectos. Y si bien el Ejecutivo confirmó que ninguna universidad estatal quedará fuera del beneficio, entre los planteles afectados, como la Universidad Arturo Prat, advierten sobre el grave daño que ha generado el Gobierno con sus políticas.
