Desde distintos sectores advierten la poca claridad que existe respecto del proyecto del Gobierno. Para algunos, se debe evitar los grandes anuncios que no puedan cumplirse. Para otros, fortalecer las alianzas público-privadas. Incluso, aquellos que advierten su preocupación de que los empresarios estén de acuerdo.
El parlamentario por Magallanes criticó el manejo político del Gobierno en la tramitación de la Reforma Educacional así como el de la Reforma Laboral, en la cual, a juicio del diputado, el Ejecutivo ha cedido a las presiones del empresariado y los grupos políticos conservadores de la Nueva Mayoría.
El Acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación Económica mantiene en alerta a comunidades mapuche, especialistas y parlamentarios, porque no existió consulta previa sobre materias que afectan a los pueblos, por ello no descartan frenar el proceso en instancias internacionales.
Un texto reveló que un sector de la DC pide ampliar la gratuidad a todos los estudiantes “vulnerables”. Mientras, desde La Moneda se insiste en que se entregará el beneficio en 2016, pero que no se cederá en solventar a instituciones de educación superior que no cumplan con estándares de calidad.
Las administradoras alcanzan utilidades diarias de dos mil millones de pesos, mientras que en promedio entregan pensiones de 153 mil pesos. Por ello, el rechazo al sistema elaborado por José Piñera en dictadura se profundiza, y entre expertos y trabajadores se consolida la convicción de que no puede haber una modificación menor, sino un cambio total al modelo de capitalización individual.
Luego de la impugnación que estableciera el Tribunal Constitucional sobre la glosa de gratuidad para la educación superior, actores sociales de la educación hicieron un llamado al Gobierno a determinar lo antes posible el modelo de financiamiento que regirá en 2016.
Considerando que el país carece de las leyes suficientes para garantizar el cumplimiento de los convenios internacionales, los cuestionamientos apuntan al Ministerio de Desarrollo Social y al Consejo Nacional de la Infancia. Desde el Ejecutivo anuncian el envío de nuevos proyectos para el próximo año.
La medida fue celebrada por parlamentarios que impugnaron el presupuesto para gratuidad.
Mientras, la diputada Camila Vallejo calificó la decisión como repudiable.
A las siete de la mañana, con cortes de ruta, comenzó la protesta nacional contra el sistema de AFP al que convocaron diversas organizaciones. La marcha principal terminó con incidentes y dirigentes detenidos, sin embargo la convocatoria fue catalogada como exitosa.
Los cuestionamientos a las indicaciones ingresadas por el Gobierno a la Reforma Laboral crecen entre las organizaciones sindicales. A las declaraciones de la CUT en orden a que se ha roto el diálogo con el Ejecutivo, desde la CGTP calificaron como “golpe blanco” del empresariado las modificaciones.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el programa del Ministerio del Interior en esa materia realizó un balance histórico y entregó las cifras de los ex agentes procesados, acusados y condenados por violaciones a los Derechos Humanos. Autoridades del programa hicieron un llamado a colaborar en las investigaciones.
Si bien este jueves harán oficial su postura frente a las modificaciones ingresadas, desde la CUT sostuvieron que “el Gobierno se vuelve a equivocar al poner a los trabajadores en su contra”, y plantean que es cada vez más factible que la iniciativa deba ser revisada en comisión mixta.
Por más de cuatro horas, 18 organizaciones se presentaron en el Tribunal Constitucional sus argumentos a favor y en contra de la glosa de gratuidad presentada por el Ejecutivo para entregar este beneficio a los alumnos considerados vulnerables que asisten a instituciones de educación superior y que cumplen con los requisitos para recibirla, cuestión que motivó a Chile Vamos a presentar un recurso para impugnarla en el TC.
Por mayoría, los diputados declararon inconstitucional la acusación contra la Ministra de Salud. Sin embargo, desde la Nueva Mayoría insisten en la necesidad que el Gobierno ponga en el centro de sus prioridades resolver la crisis por la que atraviesa el sector.
Mauricio Daza denuncia lo que considera “una situación política impresentable”, que busca trabar las investigaciones de Fiscalía, particularmente respecto del financiamiento irregular de campañas con recursos provenientes de la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet.
