Entre las injusticias que reclaman está el hecho de que los fondos y ahorros de pensiones son administrados por organismos privados y que los jubilados no tienen protección social de base. Mientras que desde el Gobierno aseguran la formación de una comisión que evaluará los cambios en esta materia, las organizaciones civiles apuntan a la necesidad de manifestarse para generar un clima político que propicie las transformaciones al sistema.
