Ante el intenso debate que suscitó la iniciativa del Gobierno, el analista político Tomás Duval apuntó que la intención del Ejecutivo es recuperar la agenda de seguridad y “correr el cerco” respecto a los debates en la materia.
La Premio Nacional de Periodismo y autora de “El poder de la UDI. 50 años de gremialismo en Chile” señaló que el gobierno de José Antonio Kast pareciera querer “terminar de hacer lo que creen que no se hizo hace más de 50 años con la dictadura”.
El presidente de la Comisión de Seguridad aseguró que la intención del Ejecutivo con la iniciativa es “dividir” a las fuerzas políticas, y sostuvo que sería “una locura” aprobar un proyecto que calificó como “absolutamente ideológico”.
El excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante la administración de Sebastián Piñera sostiene que el estado de emergencia vigente ya permite desplegar las herramientas que busca incorporar el Ejecutivo mediante un cambio a la Constitución.
La iniciativa contempla un nuevo estado de excepción, cambios en las atribuciones del Ejecutivo y un mecanismo para declarar organizaciones terroristas. La propuesta deberá reunir apoyos fuera del oficialismo para avanzar en el Congreso.
El diputado Patricio Pinilla afirmó que existía un borrador avanzado de la acusación constitucional, pero la Democracia Cristiana decidió restarse de la acción, pese a la ausencia de la extitular de Seguridad en la CEI que revisa su caso.
Según el organismo fiscalizador, el jefe comunal participó en actos administrativos relacionados con estas contrataciones y situaciones laborales, pese a la existencia de vínculos que exigían abstención.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que los cambios a la Constitución establecerán “algunas inhabilidades particulares y no generales” para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
La nueva presidenta del Frente Amplio fijó una hoja de ruta que contempla articular una agenda común con la oposición y el mundo social para enfrentar los “retrocesos” que atribuye al Gobierno, con el objetivo de levantar propuestas propias.
El Mandatario además adelantó que este lunes ingresará al Congreso la reforma constitucional en seguridad. En respuesta a las críticas a la iniciativa por la restricción a prestaciones sociales, aseguró que “no se va a pasar a llevar ningún derecho”.
“La Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública”, señaló la senadora Andrea Balladares.
La diputada lideró la lista “Unidad para Avanzar” y obtuvo el 54,7% de las preferencias en los comicios internos de la colectividad, registrando una participación de más de 10 mil militantes.
El ministro Martín Arrau y la ministra May Chomalí protagonizaron un inédito enfrentamiento público por la quita de derechos sociales a condenados, mientras Franco Parisi y Diego Ibáñez cuestionan la estrategia del Ejecutivo.
El exgeneral director de Carabineros valoró el traslado de reos de alta peligrosidad, pero advirtió que la difusión en vivo del operativo puso en riesgo tanto la operación como los derechos y garantías de las personas involucradas.
La moción propone que los abogados que hayan representado a imputados por narcotráfico, terrorismo o asociación criminal no puedan incorporarse al Estado, el Congreso o el Poder Judicial, para el avance del crimen organizado en las instituciones.
Ante la suspensión del convenio entre la Segegob y la ANID, la comunidad académica exige fiscalizar la medida por eventuales sesgos y alista la entrega de una carta de protesta para frenar los recortes en la investigación.
Sebastián Urrejola Aranda debió dejar el cargo luego de que el organismo fiscalizador acreditara el uso irregular de un inmueble de 1.000 metros cuadrados en Portofino por cerca de 16 años.
