La decisión del ministerio de Vivienda y Urbanismo de derogar el Decreto N°1, celebrada por organizaciones ciudadanas, se suma a la permanente preocupación respecto de los planes reguladores y el poder del rubro inmobiliario para imponerse sobre los intereses patrimoniales de los barrios. Tal es el caso de la comuna de Independencia, a propósito de su nueva normativa. Desde el ámbito académico las inquietudes, además, radican en la fuerza que ha adquirido el derecho de propiedad y el tipo de relaciones con que se están construyendo las ciudades.