Más de 90 días llevan los ex presos políticos en huelga de hambre, con la cual apuntan a presionar al Gobierno para que mejore sus pensiones, así como el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS). Mientras, el Ejecutivo les condiciona las negociaciones a que las agrupaciones aúnen sus demandas.
Fraude al Fisco, cohecho, intervención electoral, malversación de fondos e incluso homicidio son algunas de las investigaciones judiciales entabladas contra quienes hoy aspiran a convertirse en diputados o senadores de la República.