Todos fueron reubicados en distintas unidades del Regimiento de Antofagasta pese a que a fines de junio de 2018, el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, anunciara sus bajas por su responsabilidad en la falta de control y encubrimiento de la agresión sexual en contra de un soldado en Calama.
En medio del procesamiento que enfrenta el general (r) del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, por malversación de caudales públicos debido al uso de 3.500 millones de pesos de gastos reservados, se ha reinstalado el debate en torno al control que el Estado ejerce sobre las Fuerzas Armadas, una fiscalización que, según expertos, es débil y que debe mejorarse lo antes posible.
