Los abogados de Yasna Provoste insistieron en las irregularidades de la pena de inhabilitación política, esta “muerte cívica por cinco años”, situación que también correría para el recientemente destituido titular de Educación, Harald Beyer. Además, los juristas criticaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la lentitud en acción presentada a favor de la ex ministra.
