Tratamientos fuera de la Ley Ricarte Soto, junto a fármacos que llegan a tener costos millonarios, han obligado a personas afectadas a recurrir a tribunales para obligar al Estado a dar una solución al problema. Organizaciones afines y parlamentarios apoyan las recientes resoluciones de la Corte Suprema que ha fallado en favor de los denunciantes.
