A tres meses del estallido, ni la persistencia de las manifestaciones ni los resultados de la encuesta CEP parecen desenfocar la mirada del Ejecutivo de una agenda que ignora las demandas más sentidas de la ciudadanía, pero que privilegia la recuperación del orden público.
La senadora PPD cuestionó el acuerdo del Senado en torno al orden público y dijo que el Gobierno busca “compartir la responsabilidad de que estén nuevamente los militares en la calle”.
Distintas organizaciones sociales se motraron conformes con el rechazo en la Cámara Baja al proyecto de ley de resguardo de orden público, lo que interpretan como un triunfo de la libertad de expresión.
Este martes se revisó en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado el proyecto de ley sobre control preventivo de identidad, que forma parte de las iniciativas que el Ejecutivo está impulsando para garantizar el orden público. A juicio de Amnistía Internacional y de parlamentarios, el texto como está no puede ser aprobado por ser muy amplias las atribuciones que tendría Carabineros.
El Gobierno anunció la suma urgencia a los proyectos de ley sobre orden público, es decir, al conocido como Ley Hinzpeter y la que castiga las ofensas o ataques a carabineros, junto a otras iniciativas sobre seguridad. Organizaciones sociales acusaron la reaparición de una agenda represiva con fines electorales.
