Fallo de primera instancia reconoce represalias luego de que denunciara actos de corrupción en las filas castrenses. Juzgado ordenó el pago de una indemnización equivalente a once meses de remuneración.
De esta forma se revoca la resolución del juez Daniel Urrutia y acoge la solicitud de sobreseimiento total y definitivo hecha por el Ministerio Público.
En su fallo, el Máximo Tribunal reconoce que los militares son funcionarios públicos y, por ende, sus derechos son susceptibles de ser cautelados a través del procedimiento de tutela por vulneración ocurridos en el contexto de la relación laboral.
