La muerte de Lissette reveló un secreto a voces en lo que respecta a la realidad dentro de los centros de menores. A dos años de ello, las promesas desde el Ejecutivo crecen pero, en lo concreto, no hay iniciativas reales que permitan visualizar un camino que implique un cambio en el tratamiento de los niños.
El mismo día que se cumplen dos años de la muerte de la pequeña Lissette Villa en un centro de Sename, en un hogar de Pudahuel se conoció un acto de violencia contra un menor que terminó internado en el Hospital San Juan de Dios. Desde Fundación Infancia aseguraron que continuarán en su lucha hasta ver cambios reales para los niños del país.
En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, el autor del libro “Mi infierno en el Sename”, calificó como un show la mesa convocada por el Ejecutivo, ya que no existe representación de la sociedad civil.
Detrás del fallo de la Corte de Apelaciones, que abre la posibilidad de restituir al ex director, está el riesgo de que se empañe la reputación de la organización, la que ya fue cuestionada tras la destitución del abogado en enero de este año. En ese sentido, algunos parlamentarios están buscando responsabilidades políticas, y pidiendo la renuncia de estos cargos.
Luego que la CIDH presentara un estudio sobre la situación que se vive en el hogar administrado por el Sename en Valparaíso, instruyó al Estado acciones en los siguientes 20 días. Dicho plazo vence este miércoles y el senador Francisco Chahuán presiona al Gobierno para impulsar medidas concretas en este centro.
Luego de visitas de la ONU y denuncias de distintos actores sobre la situación en Valparaíso, desde el organismo de la OEA exigieron al Gobierno medidas cautelares en un plazo de 20 días. Por su parte, quienes lideraron la petición insisten en intervenir los centros dependiente del Sename.
Para el fiscal adjunto jefe de Puerto Montt, Marcelo Sambuceti, es posible que desde instituciones colaboradoras del servicio hayan registrado a menores fallecidos para recibir más subvenciones.
La iniciativa anunciada por el presidente Sebastián Piñera para mejorar la protección de la infancia ha sido valorada por todos los sectores y actores, sin embargo, hay algunos puntos que han sido criticados. Para el diputado René Saffirio, por ejemplo, no se debe aumentar la subvención a instituciones colaboradoras, pues “han cometido violaciones a los derechos humanos de los niños”.
Hasta La Pintana se dirigirá el presidente luego de asumir su mandato. En un centro de dependencias del Servicio Nacional de Menores planteará sus primeros lineamientos en materia de infancia, por ejemplo, la urgencia de dividir la entidad en dos anexos.
La directora nacional del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta, realizó la presentación de la acción judicial penal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt y solicitó la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para la investigación exclusiva.
Un documento publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos –el que habría causado, entre otras razones, la remoción del ex director de la entidad, según sus palabras– develó distintos detalles que apuntan en esta dirección, la de hacer frente a los problemas de niños y niñas desde una visión despersonalizada.
Este hecho provocó la reacción del ex director de la entidad, Branislav Marelic, quien escribió a través de Twitter que “la presión y movilización de la sociedad civil aseguró que este Informe finalmente fuera publicado”, en clara alusión a las razones que habrían causado su remoción del cargo.
