Organizaciones y defensores de los derechos humanos acusan que la muerte de uno los colaboradores civiles más importantes de la dictadura, representa “otra de las deudas que tiene la democracia chilena con la justicia y la memoria”.
El también fundador de la UDI fue sindicado por diversas organizaciones de Derechos Humanos como cómplice del régimen que encabezó Augusto Pinochet.