Este miércoles el ministro en visita que investiga los crímenes de la llamada Caravana de la Muerte, Mario Carroza, presentó la acusación en contra del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre en su calidad de cómplice del asesinato de 15 personas al interior del Regimiento Arica de La Serena en octubre de 1973, por la comitiva liderada por Sergio Arellano Stark.
La resolución del máximo tribunal afirmó que la actuación de Carabineros “afectó derechos de diferentes personas, entre ellos varios niños, que no son parte de la respectiva investigación penal”.
Desde la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres valoraron que se haga justicia con la brutal agresión recibida por Nabila Rifo. Sin embargo, afirmaron que el tratamiento mediático desplaza casos igual de violentos a la vez que fomenta el sensacionalismo de un juicio en particular.
La Asociación de Víctimas de Colonia Dignidad solicitó al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, y a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, designar un abogado que represente sus intereses en Alemania donde se trasladaron varios excolonos condenados por crímenes a los derechos humanos.
Esto, mientras el Congreso de ese país está discutiendo propuestas sobre reparación a las víctimas de Colonia Dignidad. “Es un avance”, aseguraron desde la Asociación.
Uno de los condenados por la muerte del padre de Michelle Bachelet, fue declarado en estado de demencia, por lo que cumplirá la pena en su domicilio.
En 1973 el Coronel (r) aplicó torturas contra cuatro personas. Por este motivo, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó someter a proceso y detener al ex alcalde UDI.
Los representantes del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Financiera Internacional (CFI) visitaron por estos días nuestro país, para emitir un informe sobre el impacto del proyecto Alto Maipo. El documento será entregado a los organismos internacionales que operan como financistas.
Esta semana Presidenta entregó en la Corte de Apelaciones de Santiago un documento que da cuenta de sus actos, en el marco de la tramitación del recurso de protección interpuesto por dos reos condenados por delitos de lesa humanidad. La respuesta de la Presidenta fue certera: no hay, ni habrá indulto y los reos del penal no sufren vulneración de derechos.
El Tribunal establece que la comunidad Toconce tiene la propiedad de los derechos de aguas captadas a través de vertiente y rechaza acciones contrarias interpuestas por Aguas Antofagasta y Soquimich S.A.
El recurso fue presentado por el Instituto de Derechos Humanos de Antofagasta y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, en favor de tres jóvenes peruanos expulsados por una orden de la Intendencia Regional. Los estudiantes habrían sido detenidos por poseer libros de marxismo y anarquismo.
La libertad condicional concedida a más de dos mil reos el año pasado ha entregado cifras verdes. El 93% de los beneficiados no se cuenta dentro de los reincidentes en lo que se alza como una cifra histórica en medidas de reinserción.
El tribunal acreditó los delitos de aplicación de tormentos en las personas de Harry Edward Cohen Vera, Jaime Rozas González, Bernardo Santibáñez Álvarez y de Juan Horacio Rosales Quintana, perpetrado en la ciudad de Panguipulli en noviembre de 1973.
