¿Cuándo fue la última vez que comió pescado? No se extrañe si se demora en responder, ya que el consumo de esta carne en Chile llega sólo a los 7 kilos anuales por persona, un índice muy menor al de Japón, que lidera la ingesta mundial con entre 70 y 76 kilos al año per cápita, al de España con 46 ó al del vecino Perú con 26 kilos.

Y si la cifra en Chile le parece baja, pronto va a ser peor porque todo indica que irá descenso. Una ironía en un país con 4.270 km. de costa, que es la sexta pesquería del mundo, el primer productor de truchas cultivadas y el segundo de salmones, harina y aceite de pescado.

Pero no se trata sólo de gustos. Aunque el pescado es un alimento rico en proteínas, la Organización Mundial de la Salud advirtió que un diez por ciento de los chilenos no cubre sus requerimientos alimenticios, sobre todo en las zonas más pobres que se encuentran, precisamente, en la costa, como Coronel o Lota.

Y es que el camino que ha recorrido la industria pesquera nacional en las últimas décadas no va en dirección a las mesas de los hogares chilenos. Más bien, está enrielado directamente al bolsillo de siete familias – Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz- quienes últimamente se aliaron en tres grandes conglomerados que controlan el 76 por ciento del sector pesquero nacional, un rubro que genera unos tres mil millones de dólares anuales.

Pero el royalty que paga este sector es de sólo un tres por ciento de sus utilidades, a cambio de la extracción indiscriminada de recursos naturales chilenos, que tiene ya a la mitad de las principales pesquería (especies) del país sobreexplotadas y el 18 por ciento explotadas más allá de sus capacidades. Y la producción se va casi por completo a exportaciones. Esa es una de las razones por la que las merluzas que usted compra en el supermercado parecen una miniatura de las que antaño veía en las caletas pesqueras o lo que explica el precio del kilo de congrio o el de la reineta.

Son estos mismos conglomerados los que pasada la medianoche del martes 27 de septiembre acordaron con los dirigentes de los pescadores artesanales repartir las actuales cuotas de pesca y evitar así que el Gobierno envíe un proyecto de ley donde se licitaba el cincuenta por ciento de las cuotas globales de extracción.

En la negociación, los pescadores artesanales lograron asumir sus cuotas de captura del jurel cinco al diez por ciento, dejando el noventa a las industrias. En el caso de la merluza, se aumentó a un 60 por ciento para los artesanales y en el caso del congrio, se repartieron mitad y mitad.

Los acuerdos de la Mesa de Trabajo Pesquera, que estuvo presidida por el subsecretario de Pesca, se consagrarán en un proyecto de ley que regulará la industria por los próximos 20 años.

Las críticas no tardaron en llegar, pues con esto se impide la entrada al mercado de nuevos actores y se asegura a los grandes conglomerados cuotas que pueden tranzar a su antojo.

Asimismo, denuncian que los grandes conglomerados buscan que se les reconozca como un derecho adquirido la explotación de estos recursos y se mantenga a perpetuidad. Es decir, que si el Estado decide alguna vez recuperarlos, debería expropiarles y pagarles lo que corresponda.

“Esta negociación ha ocurrido a puertas cerradas en el ministerio de Economía entre los regulados del sistema que se ponen de acuerdo y se reparten las cuotas globales de pesca”, afirmó Juan Carlos Cárdenas, director de Ecocéanos, en el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile.

Pero Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) afirma que “fue un arduo trabajo, de muchos pescadores artesanales, de muchos dirigentes” y aclara que “participamos siete dirigentes nacionales en la mesa nacional, donde no se cortó nada, donde se cortó fue en las regiones antes de la mesa nacional (…) es algo que no se había hecho nunca. La ley del 2001 se decidió entre cuatro paredes y nadie tuvo oportunidad de participar, nosotros quedamos tirando piedras, y hoy día se le está dando la participación a todos los actores”.

La dirigenta aclara que los pescadores artesanales tampoco estaban de acuerdo con la idea de licitar el cincuenta por ciento de las cuotas de pesca existentes pues el ministro Longueira les había aclarado que esa porción se sacaría tanto de los industriales como de las pequeñas pesquería, por lo que tendrían que pagar por conseguirlas y corrían el riesgo de quedarse finalmente con un porcentaje menor al que tienen en la actualidad.

Sin embargo, para Juan Carlos Cárdenas, hay factores que habrían impulsado esta decisión. “Cuando miras este acuerdo, que refleja miopía, oportunismo de los dirigentes de la pesca artesanal, no está lo que realmente se ha negociado de fondo. Ahí llama la atención un hecho.  Un par de meses antes (el ministro de Economía, Pablo) Longueira apoya la entrega de 4.900 millones de pesos en apoyo a la pesca artesanal para su desarrollo institucional”.

Acusación que Zoila Bustamante desmiente de forma tajante: “La Confederación nunca en su vida ha recibido un proyecto de 4.900 millones de pesos ¡Jamás! Jamás dentro del periodo de la presidencia de ahora, ni en los tres años pasados ni ahora. No existe ningún  traspaso para fortalecimiento institucional en la Conapach. Yo creo que a la gente que participó en todo esto nos van a cargar de todo, que hicimos acuerdos con Pedro, Juan y Diego. Si la mayor parte de los que están en el Consejo hoy día fueron reelegidos, es porque la gente nos tiene confianza”.

Pero más allá de estas discrepancias,  el problema llegará pronto a la Fiscalía Nacional Económica, ya que un grupo de abogados denunciará colusión en el sector, ya que la ley sobre la libre competencia prohíbe “los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, que les confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización, limitar la producción, asignarse zonas o cuotas de mercado, excluir competidores o afectar el resultado de procesos de licitación”.

En la práctica, la gran mayoría de la pesca va a dar a las manos de los mismos industriales, pues los pescadores artesanales venden su producción a estas empresas. “En ninguna parte sale que los artesanales tengan que venderle a los que tienen la cuota. Eso tienen que verlo ellos, como Confederación no nos podemos meter en a quién le venden ellos sus recursos”, se defiende Zoila.

Para las grandes pesqueras es más barato pagarle a lanchones treinta mil pesos por la tonelada de jurel que mantener una gran embarcación en alta mar, a veces incluso les adelantan dinero para la bencina. Además, con esto obtienen también los recursos que se encuentran en las cinco millas reservadas para la pesca artesanal.

“Los gatos flacos y los gatos gordos se están repartiendo la pescadería dejando afuera al dueño” que seríamos todos los chilenos, reflexiona Cárdenas.

Políticos con escamas

Cómo fue que los recursos marinos chilenos, que representan parte importante del ingreso del PIB, fueron entregados gratuitamente a manos de unos pocos.

Si bien la historia de la sobreexplotación de los recursos marinos se remonta a antes de la dictadura, el escenario actual se debe a decisiones tomadas en 2002.

“La situación que estamos viviendo ahora se origina en el gobierno de Ricardo Lagos, quien señala que es necesario reconocer la inversión pionera que ha realizado la industria pesquera, por lo tanto, darle cierta seguridad legal. El argumento es defender el empleo. El año 2002, a través de una fuerte actividad de lobby y de alineamiento de los parlamentarios, se establece el sistema de cuotas individuales transferibles de pesca y se le entregan gratuitamente y a perpetuidad los recursos pesqueros del país a estas siete familias”, explica Cárdenas.

Fue la Ley Corta de Pesca, que entregó un Límite Máximo de Captura por diez años y puso fin a la llamada “carrera olímpica” del sector, en la que la primera empresa que llegaba se llevaba la cuota. Norma que con suspicacia se conoce también como la Ley Zaldívar debido a los vínculos de los entonces senadores Andrés y Adolfo Zaldívar con el sector pesquero, donde poseían acciones y estaban relacionados comercialmente con el grupo Angelini y, sin embargo, no se inhabilitaron en la votación.

“Las relaciones entre el gran empresariado pesquero y las familias son casi carnales con la clase política y se vinculan a nivel familiar y de los partidos políticos, no sólo con la Democracia Cristiana, también está el Partido Socialista y algunos partidos más jóvenes. Hay una bancada pesquera que opera en el Parlamento, las caras más visible son (Patricio) Melero y (Jorge) Ulloa (ambos de la UDI), es el dúo dinámico que se han encargado todo este tiempo de empujar las leyes en función de los intereses de las grandes empresas. Pero también tenemos a Ricardo Lagos, que es quien le hizo la paleteada a estos grandes conglomerados para la privatización de los recursos pesqueros, donde está Angelini, que se puso con dinero para la Concertación.  Es muy curioso, porque ahora Sonapesca ha amenazado a Piñera si sigue intentando licitar sus recursos”.

Y aunque el Presidente Sebastián Piñera designó a la abogada Beatriz Corbo en el Consejo Nacional de Pesca como presentante del Gobierno en la Mesa, quien es hija de Canio Corbo, dueño de la empresa Coloso del Grupo Angelini, una de las industrias pesqueras que se oponían a la licitación, su deseo de hacer más competitivo el sector se conoce desde los 90.

La tensión se genera ahora y el apuro por llegar a un acuerdo entre artesanales e industriales se debe a que el 31 de diciembre vence la Ley Corta, momento en que se debe reemplazar por una nueva norma extractiva, pero en el que también se deben hacer los balances de un sector que no sólo ha generado grandes riquezas, también ha depredado el ecosistema y perdido unos cuatro mil puestos de empleos en los últimos años.

Según la presidenta de Conapach, el Gobierno se habría comprometido a no insistir en la licitación de las cuotas, pero hasta que no esté listo el proyecto nada es certero. “El trabajo que se hizo fue para que el tema del fraccionamiento vaya consensuado, en el Parlamento verán si aumentan más las cuotas o si nos quieren restar a los artesanales más cuotas”, aclara.

Y tiene razón, porque aunque Longueira buscaría mantener los acuerdos de la Mesa en el proyecto, primero deberá hacer un gallito con el propio Presidente, y luego, sortear la discusión legislativa, donde el senador Alejandro Navarro ya anuncia una indicación para reponer la licitación de las cuotas.

Bolsa de pescados

Pero la transacción de los recursos marinos chilenos no se limita al mercado nacional. Con apoyo del Gobierno, los grandes conglomerados del sector estarían impulsando el ingreso de pescadores españoles a las costas nacionales.

Con el litoral español contaminado y con sus recursos sobreexplotados, les estarían ofreciendo a pescadores gallegos que conformen cooperativas y se trasladen a Chile, donde les entregarían mil kilómetros de costas chilenas para establecerse.

El primer objetivo de esta particular oferta sería atraer al mercado europeo a los mares chilenos. Un negocio que ya se está instalando en las costas de Chiloé con la producción de bivalvos y también en la industria salmonera más al sur.

Pero hay un fin a más largo plazo, y que sería poder transar en los mercados internacionales las cuotas de pesca asignadas a las empresas chilenas.

Como se trata de un bien transable, el objetivo de las grandes industrias sería ingresar al mercado bursátil con estas cuotas bajo el brazo. Sería, entonces, cosa de tiempo para que se comience a especular con las toneladas de peces que nadan en nuestros mares y, tal como ocurre en la crisis económica actual, nadie asegura que exista un respaldo real, en este caso en peces, de lo que se está negociando.

Y así como van las cosas, lo más probable es que sólo nos quede el poema de Pablo Neruda para recordar el caldillo de congrio.