Un fantasma recorre nuestras ciudades, el de los mega-proyectos urbanos que, supuestamente, favorecen a la ciudad (cuestión muy discutible, salvo para los empresarios del sector y para dóciles funcionarios) y que, en la totalidad de los casos, desfavorecen a los vecinos y a la ciudad en general.

Frente a este fenómeno, cabe preguntarse si ¿en la gestión de una ciudad se puede “favorecer” (como lo justifican las autoridades) a sus habitantes, desfavoreciendo a (otros de) sus habitantes? La aparente contradicción se explica por el hecho que el supuesto beneficio es una concepción teórica (la infinita sumatoria de ganancias privadas) y el evidente perjuicio es en gente y espacios reales. En definitiva, la cruel experiencia nos señala que todo tipo de mega proyectos urbanos constituye un gran negocio, que se disfraza de un supuesto beneficio social, pero que perjudica a personas y barrios concretos.

Con preocupación se observa que varios mega proyectos urbanos, ligados a la promoción del transporte privado, están a punto de concretarse. Entre una decena de iniciativas, cabe destacar la prolongación de la Autopista del Sol que destruirá un tradicional barrio en la comuna de Macul y de la Florida; la construcción de un segundo túnel que una la avenida Pedro de Valdivia con Huechuraba, lo cual destruirá el barrio Pedro de Valdivia Norte. Cabe destacar que en estas iniciativas no se ha consultado a la población afectada y que la participación del sector público, a nivel ministerial y municipal, ha sido muy escasa, salvo estimular el negocio, pero sin ninguna idea de planificación urbana ni de preocupación por el bien común.

Los resultados de las intervenciones ya realizadas demuestran que las des-economías producidas son pagadas por los vecinos, por la comunidad y por la ciudad. Existe una negación de la ciudad, de los barrios y de sus habitantes. La pregunta que surge es ¿queremos una ciudad de vecinos (ciudadanos) o de automovilistas? Esta es una pregunta valida, que hay que abordar y discutir. Pero, en esta discusión, debemos participar todos y no tan solo las empresas involucradas.

Cabe hacer notar el ambiguo papel de destacados académicos y expertos, vinculados a importantes universidades, que se involucran en esta temática, contratados por las empresas, y en cuyo desempeño no queda claro si actúan como académicos o como consultores. Esta ambigüedad ha permeado también a funcionarios y políticos.

En los hechos, existe una cooptación ideológica, en que se pretende igualar la concepción de modernidad y de desarrollo solamente con el crecimiento y la acción empresarial. Detrás de esta situación subyace una visión totalitaria de la modernización, en la cual el Estado no planifica, ni defiende el bien común y en el que la comunidad no participa, ni opina, ni influye.

Una pregunta final:

¿Es viable una ciudad en que los únicos que planifican son las concesionarias de autopistas urbanas, las inmobiliarias, las constructoras, los bancos, las farmacias, los supermercados, y los malls, con el apoyo de los más destacados técnicos y “académicos” y con la ausencia de la comunidad y de las autoridades?