La Comisión de Hacienda del Senado despachó el articulado de la iniciativa que busca  establecer, a nivel gubernamental,  una entidad  para el tratamiento de Derechos Humanos, además de prestar la asesoría para la concreción de programas  relativos a la promoción y protección de  estos.

Andrés Zaldívar, presidente de la instancia legislativa,  explicó que el Ejecutivo introdujo los perfeccionamientos necesarios en materia de normas de encasillamiento, formaciones de planta y vigencia de los decretos de fuerza de ley que darán nacimiento a la nueva subsecretaría.

Sin embargo, el parlamentario demócratacristiano afirmó que se requiere precisar más las diferencias entre la subsecretaria y el ya existente Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH).

En este sentido, el parlamentario de la falange explicó que  “creemos que ese proyecto adolece de un error, que las facultades del Instituto de Derechos Humanos son similares en varias de ellas a las facultades que se entregan a la subsecretaria y que eso puede provocar un conflicto de atribuciones y nos abstuvimos en esa disposición, pero fue aprobada porque en definitiva después de dos votaciones las abstenciones se suman a la mayoría, pero quisimos dejar constancia en el texto de que hay una contradicción entre lo que significan las facultades de una y otra institución”.

Para la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, el problema no es sólo de institucionalidad. Prueba fundamental de ello es el papel jugado por el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que, según la dirigente, durante el actual Gobierno ha tenido una débil actuación.

“El Programa de Derechos Humanos dependiente del ministerio del Interior pudo haber cumplido prácticamente las mismas funciones que una subsecretaria, sin embargo, no las ha cumplido y ya no las cumplió porque hay una intencionalidad política que lo impide, por lo tanto, el tema tiene más bien que ver con cuáles van a ser los contenidos, cuáles van a ser las funciones, cuáles van a ser los límites que va a tener esta institucionalidad y fundamentalmente cuáles van a ser las facultades”, aseveró Mireya García.

Este programa ha sido cuestionado permanentemente por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, a quienes no ha patrocinado aún en todas las querellas que  buscan presentar a la justicia.

Alicia Lira, presidenta de esa entidad, comentó a Radio Universidad De Chile que lo más complicado es lograr que una instancia del Estado tenga la autonomía para promover derechos vulnerados por el mismo, como por ejemplo ocurre con leyes que criminalizan la protesta social.

Por esto, la dirigente de los familiares de ejecutados políticos en dictadura indicó que “lo primero que tiene que haber es voluntad política en temas de derechos humanos en cuanto a las violaciones de derechos humanos en dictadura y buscar la forma de promover, difundir y proteger los derechos fundamentales de las personas y para nosotros no es garantía una subsecretaría”.

Una vez resueltos los requisitos de forma como normas de funcionamiento, la Ley que crea esta Subsecretaría de Derechos Humanos pasó a la Sala del Senado para ser discutida durante el mes de enero.