En el marco del el Día Internacional de la Lucha contra los Monocultivos de Árboles, comunidades mapuche y distintas organizaciones sociales de Santiago y de la región de La Araucanía ingresaron cartas en las respectivas oficinas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) contra la prórroga del Decreto de Ley 701.

Según Millaray Painemal, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) el decreto busca extender el beneficio del fomento forestal de monocultivos de plantaciones exóticas de pinos y eucaliptus, que han hecho un fuerte daño al ecosistema, “ya que estas especies secan la tierra y extinguen las plantas medicinales, lo que afecta directamente a los pueblos originarios y en especial a las mujeres indígenas”, explicó.

Para Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el impulso que da el Gobierno a este tipo de políticas se inserta en la lógica extractivita a nivel global, donde al sur se le ha impuesto el rol de proveedor de recursos naturales al mercado internacional bajo la lógica de la globalización.

“Hemos tenido 40 años de expansión del monocultivo forestal que ha significado procesos de migración muy violentos, muy masivos. Producto de esas políticas, hoy Chile es casi un país netamente urbano; el 87 por ciento de la gente aquí vive en zonas urbanas”, lo que no solo conllevaría a pérdidas patrimoniales de medioambiente y biodiversidad, sino también de aspectos sociales y culturales muy relevantes.

El especialista afirmó que el Decreto de Ley 701 fue establecido a comienzos de la Dictadura y se ha mantenido para favorecer a las familias y grupos económicos del sector forestal, como el Grupo Matte, quienes han multiplicado sus fortunas mediante la usurpación de tierras, el empobrecimiento de las economías locales y la destrucción ambiental.

Por este motivo, las organizaciones se manifestaron a las afueras del Ministerio de Agricultura a exigirle al Gobierno, por medio del ministro Carlos Furche, que retire de forma definitiva el proyecto de ley que permite la prórroga, ya que no sólo pone en riesgo el agua y la vida, la salud y formas de subsistencia de las comunidades, sino también la soberanía alimentaria.