Una nueva arista sobre la tramitación de la Ley de Pesca se conoció a través de un reportaje de Ciper que involucra a la senadora y actual presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe.

Según la investigación, a partir de junio de 2014, el presidente de la Asociación Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada, envió correos electrónicos a la parlamentaria con las indicaciones que supuestamente debía ingresar y luego negociar para favorecer al gremio.

En ese momento, van Rysselberghe presidia la comisión de Pesca de del Senado e incluso paralizó las sesiones por algunos meses. Por estas gestiones, la parlamentaria habría recibido dineros para su campaña por parte de la pesquera Camanchaca.

Sin embargo, este martes, la senadora reconoció que los correos existieron, pero que jamás habría ingresado veinte indicaciones, sino que fueron tres, coordinadas previamente por sus asesores y luego aprobadas por unanimidad en la sala.

Señaló que “se deben considerar las indicaciones cuando son pertinentes y son un aporte a un proyecto en cuestión y desde esa perspectiva normalmente escucho las opiniones desde distintos sectores”, apuntando a la comunicación que mantuvo con los industriales pesqueros.

Además, descartó haber recibido financiamiento ilegal para su campaña política.

Desde la UDI afirmaron que respaldarán la posición de la presidenta de la colectividad.

El diputado gremialista Felipe Ward dijo que no se puede dañar la reputación de una persona que está siendo investigada y es necesario esperar las sentencias judiciales antes de tomar una resolución política, como solicitarle la renuncia a la presidencia del partido.

El parlamentario agregó que “por muy mal que suene, en casi todos los proyectos de ley es normal que se reciban opiniones de los actores se verán eventualmente afectados o beneficiados. Distinto es que de acuerdo a eso la senadora haya votado y estoy seguro que respondió a convicciones personales. Sabemos que no hizo nada malo y cuenta con todo nuestro respaldo”, expresó.

Mientras, el diputado comunista Hugo Gutiérrez afirmó que estos antecedentes demuestran la elaboración de una ley fraudulenta, por lo mismo los políticos que están implicados deben debidamente ser sancionados.

En esa línea, adelantó que presentará durante esta semana una querella por corrupción contra la senadora.

El diputado comunista explico que le “ interesa que estas personas sean sancionadas por el fraude que han cometido, por las campañas ilegales en las que se han visto involucrados, porque al final del día el reproche va para todos los políticos. Nunca queda una resolución en que se le adjudique una sanción penal por los delitos cometidos, siempre se busca escamotear estas responsabilidades”.

Una opinión compartida por el presidente de la comisión de Pesca, el diputado socialista Fidel Espinoza, quien afirmó que la UDI debe dar explicaciones al país e insistió en que es un instante decisivo para que el Ejecutivo ingrese modificaciones sustanciales a la Ley de Pesca.

En algunos de los correos electrónicos que se dieron a conocer en este reportaje, Moncada se refiere a los inconvenientes que tendrían con la aprobación del proyecto de pesca con línea de mano de jurel para los artesanales, fuera de la cuota global anual, para luego enumerarle los artículos que no favorecerían al gremio de industriales pesqueros.

Ante esto, la senadora respondió afirmando que habían sido ingresadas todas las indicaciones que “les importaban” pero que de todas maneras había solicitado aumentar el plazo de las indicaciones. “¿Crees que es necesario presentar además la indicación que me mandaste?”, le consulta a Moncada, quien le pide que ingresen todas las indicaciones como lo habían conversado.

Recordemos que Jacqueline Van Rysselberghe está siendo investigada por el Ministerio Público luego que su ex asesor Joel Chávez declarara que le pidieron emitir una boleta falsa para justificar su campaña.

Sin embargo, la parlamentaria le restó credibilidad a su testimonio asegurando que es una persona imputada porque falsificó su firma para adjudicarse cinco millones de pesos con los que se habría ido de vacaciones.