La oficina de Mario Carroza está prácticamente vacía, como si se hubiese cambiado recién. Y así fue. El magistrado inaugura su nuevo lugar de trabajo -ubicado en la calle Compañía frente a la Corte Suprema- recibiéndonos en su despacho.

Cuatro legajos de archivos amontonados en su escritorio parecen ser lo único en lo que se ha alcanzado a poner al día después de la mudanza. Así, y con el monitor de su computador mirando a la muralla, Mario Carroza, el ministro en visita de las causas de derechos humanos más mediáticas y controversiales, se sienta, respira y se dispone a responder.

Hace uno o dos años usted decidió reabrir el caso Caravana de la Muerte. En ese caso no se descarta la posibilidad de una participación del ex Comandante en Jefe Juan Emilio Cheyre.

Él está procesado. Después de haber reabierto esa causa se le procesó como cómplice, dentro de otros oficiales. Hubo otros procesamientos, pero este fue el más significativo y el que causó más polémica. Ahora estamos a punto de dictar una acusación respecto de su participación y la de los otros en ese episodio de la Caravana. Estamos listos para dictar la acusación para que él se defienda y podamos dictar una sentencia de aquí a fin de año.

¿En qué antecedentes se basa la acusación?

En que hay conocimiento de una forma de participar que no es activa -tal vez-, pero sí es un conocimiento de qué se estaba planeando, qué se estaba ejecutando.

Existen trascendidos que afirman que Cheyre habría emitido órdenes en el caso. ¿Hay evidencia de eso?

Hay documentos en el proceso. Eso es un tema que cuando se llegue a la sentencia definitiva va a tener que valorarse. Hay documentos donde se señala que estas personas habrían sido llevadas al Consejo de Guerra, cuya existencia nunca se pudo comprobar, y que habían sido sentenciados a muerte en razón de ese Consejo de Guerra. Eso es lo que se les comunica a los familiares. Ese documento está firmando por el señor Cheyre. Es un documento que existe y que él firma.

¿Qué otros casos se encuentra investigando?

En 2010 comienza una etapa en la que recibo todas las querellas y requerimientos que me hace una fiscal judicial sobre los casos de ejecutados políticos que no habían sido investigados. Dentro de todos esos ejecutados me encuentro con los casos del señor (Salvador) Allende, don Pablo Neruda, reabriendo el caso Quemados, Boinas Negras… Todos estos procesos me corresponde terminarlos e investigarlos. Por el otro lado, también investigué la causa de Jaime Guzmán.

Hemos ido dictando sentencia, condenas, en caso significativos como Pisagua, que era una situación que estaba pendiente hace mucho tiempo, lo mismo con el caso Tocopilla. Son situaciones que vamos generando en el tiempo. Las causas que tendrían que fallarse ahora serían caso Quemados, donde se determinó responsabilidad no valorada en su momento.

¿Qué nuevo se supo sobre el Caso Quemados?

Terminó condenándose por cuasi delito de homicidio al que era el jefe de la patrulla, por una “negligencia”, pero yo estimo -y hacia eso apunta mi acusación- que esto dice relación con un homicidio respecto de una colusión de las personas que llegaron ahí. No de los conscriptos porque ellos no mandaban, sino que de los oficiales, que eran unos del servicio de inteligencia y otros del Ejército.

¿Esto habría surgido a raíz de los testimonios de exconscriptos?

Sí. De dos o tres que fueron saliendo con el tiempo. Además se han ido corroborando esas mismas situaciones. Efectivamente hubo un espacio de tiempo en el que se trató de exculpar al Ejército de esa participación y se les echaba la culpa a los Carabineros. Finalmente hubo que reconocer que era el Ejército. En este sentido, mi estimación ha sido más genérica y dice que aquí no hay solo participación del que era el jefe de patrulla y por una “negligencia”, sino que las cosas se hicieron intencionalmente.

Que se hayan distorsionado las culpabilidades, ¿es esa una tendencia en los diferentes casos?

Ha habido varios. En el caso, por ejemplo, del General Bachelet, donde se señalaba que había muerto de forma natural. Yo consideré que no.

Son fundamentalmente investigaciones y casos que se cerraron, que se señaló “acá no hay nada”, se han reabierto, se han investigado más y se ha descubierto que hay responsabilidades e intencionalidades. Está el caso del yerno del General Contreras en el tema de Bautista Von Shouwen.

Todas esas son situaciones que uno va investigando y va estableciendo cuál es la verdadera responsabilidad de estas personas. No hay un ánimo de persecución hacia personas que hayan estado en el Gobierno Militar, o que hayan sido parte de las FF.AA., sino que a aquellos que sí fueron responsables, personas que sí tuvieron intencionalidad de eliminar, de secuestrar, de detener ilegalmente, de interrogar, de torturar. Bueno, esas personas que se hagan responsables de que -efectivamente- incurrieron en una conducta que era dolosa.

En el caso del General Bachelet se especuló también con el involucramiento del General Fernando Matthei, ¿eso no se pudo comprobar?

En mi concepto, y así es como resolví, los antecedentes no entregaban una participación intencional (de Matthei).

Un timbre difícil de percibir interrumpe la gesticulación del magistrado. Es el teléfono que, lejos del clásico “ring”, obliga a detener la conversación. Se apoya en el respaldo de su asiento y mira la grabadora como señalando algo. Corto la grabación para evitar incomodidades. El interlocutor parece estar equivocado. Cuelga y retomamos.

¿Cómo ha sido esto de involucrarse tanto en casos de derechos humanos? Me imagino tiene una carga emocional importante…

Hablando desde el punto de vista personal, efectivamente eso es una carga que uno acepta porque el sistema judicial debe cumplir con su deber. Pero también somos seres humanos. Y como persona hay ciertas cosas que afectan, unas más que otras. Uno tiene que ver cómo organizar su vida de tal manera que esto no sea algo que lo atrape, sino que sea parte de la labor, pero también con una conducta humana, con una persistencia de lograr los resultados y de saber que está haciendo algo justo, algo que es necesario. Esto es algo que debe hacerse, alguien tiene que hacerlo. Igual uno tiene su tarjeta de vencimiento. En un momento dado anímicamente no sé si uno tendrá la misma fuerza con la cual empezó.

¿Le ha tocado vivir en este escenario, episodios ingratos?

Sí. Bueno, yo creo que por las redes sociales de todas maneras. Yo he sido una persona que ha tratado de hacer las cosas con objetividad: aquel que tiene responsabilidad, debe pagar, y aquel que no, debe ser liberado de esa responsabilidad. Cuando sufrí un asalto en mi casa, hace un tiempo, todos pensaron que a lo mejor tenía algo que ver (con mi trabajo). Y no. Yo he recibido amenazas, que después se han investigado y se ha determinado que son de personas individuales. No son amenazas que uno pudiera decir que se llegaron a concretarse o que uno pudiese temer por su vida. Yo pienso que el juez debe seguir adelante. Si no estoy yo, estará otro. Eso no va a quitar que puedan atentar contra mi vida, pero después eso no va a terminar ahí. Los derechos humanos tampoco se van a terminar ahí.

¿Ha tenido que tomar medidas de seguridad especiales?

En algún momento se tomaron. Cuando estaba el caso de Allende, de Bachelet, se tomaron algunas medidas. Para el caso Guzmán, con el Frente Patriótico… Pero como que me resultan complicadas. Eso de tener resguardos… Cada vez me sentía incómodo con las medidas, entonces las medidas terminaban.

Los años 90’ eran más peligrosos. Ahí recibía llamados telefónicos, para el caso de Corbalán o del “Gurka” (Francisco Zuñiga), gente muy especial… Pero es parte de una forma de amedrentar que nunca ha sido una solución. Si alguna vez se ha dejado de hacer algo no ha sido porque ellos amedrenten.

¿Tiene alguna suerte de conteo de gente que ha condenado?

No. Como decía un colega: “una vez que la resolución se hace, yo me desentiendo”. ¿Qué va a pasar después? Dejo que eso fluya.

Usted se puso una meta de que para el 2020 las causas de derechos humanos estén cerradas. ¿Se ve posible?

Sí. Lo que pasa es que eso se estableció en el sentido de determinar a los responsable en casos de violencia política en derechos humanos entre el 73’ y 90’, pero ahora han surgido cosas que pueden generar que esa meta no sea del todo certera. El primer aspecto fue lo que se refería a que si se abría o no el Valech. Si se abre van a salir miles de casos. El tema de las torturas está pendiente. El segundo aspecto tiene que ver con el destino de los detenidos desaparecidos. Tengo entendido que la subsecretaria de Derechos Humanos está interesada en tomar ese tema.  Lo que la justicia  ha dicho es “lo detuvieron, desapareció y estos fueron los culpables”. ¿Qué tanto ha hecho la justicia para establecer cuál ha sido el destino de los DD.DD? ¿Lo hacemos judicialmente y seguimos con esta causa que ya terminó, o lo hacemos administrativamente? Si se hace judicial también se generan nuevas acciones. Se van a presentar querellas y eso prolongará plazos. Buscar el destino de los DD.DD. es algo de largo aliento. Ya costó encontrar a los responsables, más aún costará encontrar dónde estaban las personas que desaparecieron.

¿Le gustaría involucrarse en esa búsqueda?

Espero que sí. He estado en esto bastante tiempo, conozco bastante. La experiencia es fundamental en este espacio y si uno tiene elementos, no puede restarse. No puede decir “yo llego hasta aquí”, porque buscar a otra persona que se vaya a empapar de lo mismo, es difícil. Sé dónde están los lugares, dónde podríamos hacer los trabajos, yo ya tengo casos como el caso de Londres 38, Colonia Dignidad, Pisagua, el caso de Tocopilla, el retiro de los televisores, etc… Por qué crearle un problema a otra persona, que va a tener que involucrarse en todos esos procesos, para saber lo mismo que sé yo, y después partir… Mejor partimos de aquí pa’ adelante.

No hay una fecha de retiro para Mario Carroza entonces…

Parece que el retiro va a ser la jubilación de uno. Eso va a ser en un ratito.

Desde el regreso de la democracia, en materia de derechos humanos, ¿hemos avanzado desde la fuerza del Estado? ¿Se ha empujado la tarea con suficiente ímpetu?

Hemos tenido etapas. Partió fuerte, en el año 90, porque se produce el cambio y Aywin entrega todos los documentos para que esto tome un impulso. A su vez hay que involucrar a las otras instituciones, y no todas se involucraron en el mismo sentido. Después hubo varios pasos que se dieron, algunos con mayor énfasis. Por ejemplo, cuando vimos que el ministro Guzmán tenía demasiadas causas se empezó a entregar a ministros con dedicación exclusiva. Ahí se dio un espaldarazo y el gobierno dijo “aquí hay dinero, medios, que se investigue”. Pero después se va diluyendo. Hasta que en 2010 vuelve un nuevo empuje. Y hoy no sé si existe el mismo ánimo. Los DD.HH. son más amplios que solo violencia política.  Pueblos originarios, diversidad, género, son temas muy fuertes. No sé si el tema de la violencia política hoy tenga la misma fuerza, al misma potencia y si genera el mismo arraigo en la gente o ya lo entienden como algo que ya ocurrió y que ya no se va a hacer más.

¿Usted cómo lo entiende?

Yo creo que hay un compromiso que debe cumplirse. El compromiso es que lleguemos hasta el final en esto. Nunca he compartido la idea de que se le ponga plazo a esto. La idea es que no se extinga, salvo que terminemos la tarea.

La escuela de la dictadura ha primado dentro de las cúpulas de las FF.AA. desde el retorno de la democracia. ¿Ha entrado en una nueva etapa de disposición?

Sí, yo he visto ese cambio. Por los años que llevo en este tema me he dado cuenta que hoy en día las FF.AA. cooperan bastante, igual que Carabineros. He tenido contacto permanente con los auditores y han sido encuentros muy fructíferos. He tenido contacto con el ministro de Defensa, en donde ha dado toda su colaboración para que esto sea más expedito. Ahora, si existen dudas de que aún hay ciertos elementos que no se entregan, esas son cosas que uno no puede saber si son ciertas o no.

¿Cómo lidiar con los pactos de silencio? 

En un principio era una cuestión de consciencia, si yo quería entregar información o no. Si sentía como que había hecho algo que no debía haber hecho y que quería liberarme de ello. Pero posteriormente ha sido una cuestión procesal. Lo han planteado muchas veces los abogados, “la verdad es que estos pactos de silencio los mantenemos porque si colaboramos nos van a condenar a nosotros y a los otros no”. Entones hay una situación más bien procesal, más que una cuestión de consciencia. “Yo voy a colaborar, pero ¿en qué me beneficia la colaboración?”. Antes era un tema de consciencia.

Chile hoy vive una crisis de credibilidad y de confianza en sus instituciones. El poder judicial no escapa de eso, ¿cómo vive la crisis de confianza que viven los diferentes poderes del Estado?

Me afecta porque soy parte del país y parte de las instituciones. Me preocupa, en el Poder Judicial, que entremos en esa dinámica de decir que son todos iguales. Veo yo que hay mucho esfuerzo para que las cosas se hagan de manera transparente, objetiva, eliminando la corrupción… Nosotros años atrás siempre estábamos involucrados en eso que se denominaba “la corruptela”. Cosas pequeñas que se hacían y que uno conversaba en el Poder Judicial. Creo que se tomaron ciertas medidas como la comisión de ética y todo eso se terminó.

Ante la crisis de la que hablamos, cómo evalúa la labor del Poder Judicial en específico?

Depende desde el punto de vista que se mire. Yo llevo causas de DD.HH., entonces obviamente tengo víctimas y victimarios. Uno de los dos va a quedar descontento. En ese sentido a lo mejor yo estoy trabajando súper bien, pero yo voy a ser objeto de crítica igual.

¿Es justo el juicio sobre los políticos?

Aquí hay una falta de confianza. Como juez me siento absolutamente ajeno al tema de la política. Veo más bien a personas, juicios. Los jueces votamos y todo, pero no nos involucramos. En ese sentido veo personas, gente con la cual uno cree mucho en ellos, siente respeto. En ese sentido a mí me duele que se diluya lo que hemos construido, que es la democracia. Que esto se vea perjudicado por la acción de una u otra persona, uno piensa que son más bien casos aislados -que cada vez se repiten más- pero casos de personas determinadas.  Este es un tema de individualidades, no de cuerpo colegiado. Lo mismo pasa con el Poder Judicial. Los errores son individuales.

Pero a las inquietudes de la gente, las manifestaciones de la ciudadanía con respecto a una serie de factores que los tienen intranquilos, ¿usted les encuentra asidero?

Lo veo como un contexto social. Como juez no tengo opiniones en política. No puedo emitir juicios porque uno tiene que juzgar después. Yo pienso que todo aquello que despierta un descontento social debe ser corregido. Si hay un descontento tiene que haber una preocupación para abordar estas situaciones. Siempre hay una sensación de que eso debe tener una respuesta.

El particular timbre del teléfono vuelve a interrumpir con dos tonos antes de que el magistrado responda. “Hay un ministro que está esperando”, dice Carroza. Se levanta de su asiento y se dirige a la salida. Atravieso la puerta y me despido del guardia de la entrada, ese personal que está ahí para que al juez no le vaya a pasar nada.