Lorenza Cayuhan tenía 36 semanas de embarazo cuando el 13 de octubre de 2016 fue trasladada, en taxi y engrillada, desde la cárcel de Arauco al Hospital Regional de Concepción. Ella había manifestado hace días sus dolencias a los gendarmes y a los paramédicos del centro penitenciario, pero no fue atendida oportunamente.

La trasladaron al Sanatorio Alemán de esa misma ciudad donde le diagnosticaron una preclamsia, estado de mayor presión arterial, y se le ordenó una cesárea urgente. La mujer dio a luz engrillada y en presencia de los gendarmes.

Luego de este traumático hecho, como ella lo ha expresado, decidió llevar el caso por la vía judicial y solicitar su traslado al Centro de Estudios y Trabajo de Punta Parra, en Tomé, una vez que contara con el alta médica.

Sin embargo, durante estos días se conoció la resolución de la Corte Suprema que rechazó su solicitud y estableció que Lorenza tendrá que volver al centro penitenciario con su hija Sayen.

El fallo de la Tercera Sala del Máximo Tribunal  expresó que las condiciones de la cárcel de Arauco son las óptimas para que madre e hija se mantengan juntas. Esto, pese a que el Colegio Médico indicó que la cárcel no contaba con las condiciones sanitarias para mantenerlas recluidas. Además, el organismo enfatizó que lo ocurrido durante su parto configuraba un hecho de tortura.

Lorenza enfrenta una condena por cinco años por robo con intimidación cometido en 2015 y, la mañana de este jueves, fue nuevamente formalizada en el Juzgado de Garantía de Cañete por hechos similares cometidos a funcionarios de un servicio público.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el hermano de la mujer, José Cayuhán, dijo que los fallos judiciales han respaldado un trato denigrante y vejatorio contra Lorenza y su hija.

En esa línea, se refirió a algunas contradicciones que ha observado durante el proceso judicial: “Al comienzo la Corte Suprema había rechazado el testimonio de un cooperador ocasional como prueba válida, luego en el tribunal de garantía autorizan para ocupar su declaración y llevarla a juicio oral respecto del delito por el que se le acusó. Posteriormente, vimos que hubo un fallo que determinó tratos vejatorios cuando fue llevada al hospital y, finalmente, este fallo de la Corte no garantiza ningún derecho ni para Lorenza ni para Sayen”.

Los niños que viven en las cárceles

La situación de Lorenza Cayuhán no es un caso aislado. Según estadísticas de Gendarmería, hasta agosto de 2016, se mantenían 171 mujeres embarazadas y madres con hijos menores de dos años en sistema penitenciario cerrado, es decir, privadas de libertad sin permiso de salida ni con penas sustitutivas.

Por Ley de Gendarmería, al cumplir dos años los niños son separados de sus madres y quedan bajo custodia de un familiar u otra persona en condiciones de hacerse cargo de ellos. Esto está muy por debajo del promedio de los otros países de América Latina que fijan el plazo hasta los cuatro años del niño o niña.

En este escenario, un grupo de organizaciones junto al senador Alejandro Navarro dieron curso a la Ley Sayen que fue ingresada en enero pasado a la comisión de Constitución de la Cámara, pero que no ha tenido ningún avance.

La iniciativa apunta a establecer que las mujeres embarazadas o con hijos de hasta tres años cumplan sus condenas con medidas no privativas de libertad o con arresto domiciliario, primando el derecho de los niños y niñas a ser cuidados por sus familiares, a nacer libres y a contar con igualdad de oportunidades. Luego de cumplido este plazo las mujeres seguirían cumpliendo su condena en los términos dictados por el tribunal. Esto también se aplicaría para las mujeres que están en proceso de investigación o imputadas.

La psicóloga de la ONG En Marcha, Joan Navarro, explicó que se han conocido casos donde la mujer puede cumplir medidas cautelares por ciertos periodos de la investigación cuando su embarazo es riesgoso o cuando la mujer imputada tiene un hijo o hija con condición de discapacidad y es la única cuidadora. Sin embargo, esto es muy excepcional y queda al arbitrio del juez.

Por lo mismo, afirmó que es urgente que quede establecido en una legislación, lo que no sería un “perdonazo para las mujeres” sino que una manera de garantizar los Derechos Humanos: “Ha sido muy relevante el caso de Sayen porque a partir de esto hemos podido visibilizar la condición en que viven otros 122 niños en centros penitenciarios y relevar la garantía de sus derechos”.

La también integrante de esta organización Rocio Baeza dijo que esta legislación pretende modificar los criterios de la reclusión penitenciaria, atendiendo a los derechos de los niños consagrados en convenciones internacionales, pero también con un necesario enfoque de género.

Sobre ese punto, aclaró que distinto de las interpretaciones que se han realizado de la propuesta, esta no sería una ley especial para mujeres indígenas, basándose en el caso particular de Lorenza Cayuhan, sino que para todas las que cumplen con una condena y son madres.

Las organizaciones también apuntaron a la deficiente atención de salud que reciben las mujeres y niños que se encuentran en cárceles. Comentaron que las mujeres deben ser trasladas fuera del recinto para ser controladas por los médicos y en caso de urgencia no hay un equipo especializado en pediatría que pudiera atender a los niños.

En definitiva, con este proyecto legislativo se apunta a sacar definitivamente a los niños de la reclusión independiente de la condena que siga cumpliendo la madre y así garantizar sus derechos.