Catorce comunas de la Región de Valparaíso fueron declaradas como zona de catástrofe por la sequía y falta de agua. Esto aunque durante el invierno se produjo un alto número de  precipitaciones en las que cayeron más de 300 milímetros de agua, con lo que se logró llenar cauces de ríos como el Petorca y La Ligua.

En este momento se ha generado un desabastecimiento del recurso en napas subterráneas y en los caudales superficiales de la provincia de Petorca. Esto, según Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente (Modatima) se debe a la utilización desmedida del recurso por parte de los productores de la industria agro exportadora: “Este año en la provincia de Petorca cayeron más de 300 milímetros de agua, es decir, llovió más que en un año normal, no obstante esto, los ríos se encuentran secos, no hay ningún escurrimiento superficial, no hay agua en ninguno de los dos ríos (Petorca y La Ligua).  Durante 2017 se han sembrado cerca de 2 mil hectáreas de palto y se acaba de declarar zona de catástrofe hídrica a la provincia de Petorca, aquí claramente hay un uso intensivo e irracional del territorio y  una ausencia de políticas de ordenamiento territorial”.

El hecho que se declare una comuna o provincia como zona de catástrofe producto de la sequía, aporta en una mayor factibilidad de acceso a recursos para el desarrollo agropecuario, sin embargo, los recursos no se encuentran necesariamente ligados a un trabajo de comprensión territorial sobre la emergencia de la cual la comunidad, empresas y gobierno son actores fundamentales, sino que por lo general se abordan cada uno de estos sectores por separado.

Por lo mismo, Rodrigo Mundaca plantea que “no hay ninguna discusión seria y profunda con respecto a la deconstrucción de un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro la recuperación de los bienes naturales comunes. Los pilares de la desigualdad están edificados sobre la base de haber trasformado bienes naturales comunes en capital monetario  y en capital financiero.  Esa discusión está totalmente ausente y si no cambia el patrón de acumulación por desposesión asociado a los bines naturales comunes, no va haber ningún cambio cualitativo en la sociedad”.

La discusión que plantea Mundaca es un tanto lejana para Manuel Hernandez, encargado de la oficina agrícola de la comuna de La Ligua, quien se enteró del cambio de la categoría de la emergencia en la zona.

Según expresó el trabajador municipal, el que La Ligua sea declarada como zona de catástrofe  no implica más recursos, sino que agiliza los procesos: “Nos saltamos las tres cotizaciones de la licitación, nos saltamos la Contraloría y si hay una emergencia cualquiera sea contratamos directamente para operar”.

Manuel es el encargado de desarrollar el informe Alfa en el cual se retrata la situación actual de la zona y se hacen las solicitudes correspondientes de recursos a la Onemi para poder operar en la emergencia. “Hasta ahora se renovaba el decreto del MOP de escasez hídrica que permite a la Onemi vía gobernación contratara camiones aljibes para la zona”, dice el último informe que emitió este funcionario para el trimestre enero, febrero y marzo de 2018, en el que solicitó la contratación de 4650 metros cúbicos de agua para ser traslada en camiones y así abastecer a 4 mil 303 personas afectadas por esta situación en 13 localidades de la comuna de La Ligua”.

Una situación que se ha repetido por los últimos ocho años en esta zona y que no tiene ninguna luz de cambiar, plantea el funcionario municipal. En el periodo 2010–2016 el Estado gastó 92 mil millones de pesos comprando agua y solo en la provincia de Petorca se invirtieron 12 mil millones de moneda local.

La reforma al Código de Aguas

Detrás de esta situación, los afectados reflexionan en torno a la necesidad de cambiar el Código de Aguas vigente. Para los habitantes de Petorca uno de los principales obstáculos para su modificación es la tensión que existe entre quienes administran hoy los derechos de aguas y el Estado, entidad que debe velar para que este recurso permita la vida de las personas en los diferentes territorios del país.

En el caso de la provincia de Petorca, el poder político y económico están profundamente implicados en la administración de las aguas en el territorio. Manuel Bustos explica que “en el valle de La Ligua, quien ha secado la cuenca es el empresario y político demócrata cristiano Edmundo Pérez Yoma, quien con toda soltura ha sembrado en cerros que antes no eran ni siquiera terrenos pensados para la siembra”, la duda que evidencia el trabajador es que no entiende cómo el ex político ha obtenido derechos de agua, sin que a nadie le importe las consecuencias de las personas que viven valle abajo.

Lo mismo pasa en Longotoma, el valle del río Petorca, donde la familia Piwonka, dueños de conservas y pulpas Guayarauco, han devastado la zona con sus plantaciones. Las prácticas de la familia, heredera de Carlos Ariztias, uno de los grandes dueños del país antes de la Reforma Agraria, mantiene a los pequeños campesinos sin poder cultivar sus tierras y en esclavizados trabajos temporales.

“La reforma al Código de Aguas de la presidenta Michelle Bachelet es una reforma mentirosa, es una reforma incompleta, puesto que está enfocada en el 10 por ciento del agua que falta por entregar, por lo que no toca ni la gratuidad ni la perpetuidad del 90 por ciento del agua ya entregada” acusa Rodrigo Mundaca. Lo que explica el líder social es que sin cambiar la Constitución o el artículo 19 numeral 64 de esta, nada mejorará: “La propiedad de las aguas se encuentra consagrada en la constitución, no termina todo lo que se haga sobre la reforma al código de aguas es letra muerta, es por esto que los sectores más retrógrados se acogen a este artículo de propiedad privada que se encuentra en la Constitución”.

Esa discusión, que se instaló en la Cámara de Diputados a fines del 2014, permitió poner otros elementos en el debate, como por ejemplo, la priorización de las aguas de bebida para las comunidades fragilizadas, APR, pequeños agricultores y comunidades indígenas; se establecieron los caudales ecológicos, se discutió entorno a limitar las aguas del minero y se avanzó en restringirlas; pero cuando llegó al Senado “todo ese trabajo de largos meses regresó a foja cero, incluso el Gobierno le quitó la suma urgencia a la discusión”, profundiza el vocero de Modatima.