Una de las grandes discusiones ideológicas que se ha estado dando en Chile desde el 2011 cuando los estudiantes arrinconaron al primer gobierno de Sebastián Piñera hasta hoy, es si la educación es “un bien de consumo” como lo dijo explícitamente Piñera en aquellos años y como hoy lo repite su flamante ministro del ramo Varela, quienes, en su lenguaje particular, transforman la educación en una vulgar mercancía

Como bien sabemos, mercancía no es per se un concepto ideológico, sino que, lisa y llanamente, un concepto económico y significa simplemente que algo es transable independiente del mercado que se trate, donde ambas partes involucradas, vendedores y compradores, rigiéndose por el principio de la oferta y la demanda, tendrán la posibilidad de vender dicho bien y la contraparte de acceder al mismo, donde ambos se benefician de la transacción.

A veces, en los mercados altamente concentrados, ergo imperfectos como el nuestro, donde priman los oligopolios y los oligopsonios- muchas veces ambos en las mismas manos- habitualmente pierde el comprador, nosotros, así como el vendedor PYME.

Y la “mercancía-educación” en Chile no escapa a esta deformación de mercados concentrados, donde ni siquiera el Estado ha sido capaz de darle una identidad de clara gratuidad a las universidades estatales y, como si eso no bastara, regalándole plata a universidades y colegios privados para que sus dueños se enriquezcan mientras entregan diplomas de papel transparente que sólo sirven para destruir la ilusión de miles de jóvenes en nuestro país y de paso empobrecer a sus familias con el CAE-Crédito con aval del estado- el malhadado invento del ex presidente Lagos, que terminó siendo un pingüe negocio, descaradamente lucrativo, para la banca nacional y para las universidades privadas.

Pero, a pesar de lo recién descrito, respondo la pregunta del inicio de este artículo: ¿Debe ser la educación un negocio?

Y la respuesta es breve y simple: ¡ABSOLUTAMENTE SÍ!

No existe país en el mundo, ni régimen político de ninguna especie donde la educación no sea un negocio, pero lo que se deja ex profeso de lado, es que todo gran negocio necesita de una buena inversión y, en el caso del tema de la educación como pilar del desarrollo humano, ésta debe ser una inversión social, efectuada bajo la premisa de un derecho humano universal intransable e irrenunciable.  Y en eso radica el carácter de verdadero negocio público, ya que impacta directamente en la economía del país, pero también en el nivel de vida de sus habitantes.

Y no puede ser de otra manera. La inversión en educación debe no ser solamente un negocio, sino que un tremendo negocio, ya que de otra manera los países está irremediablemente condenados a no salir nunca de su subdesarrollo, ya que hay que estar claros que ese estadio tercermundista pasa por el subdesarrollo mental, por la baja educación, por la falta de investigación, por la sobre oferta de profesionales en áreas saturadas, por la falta de pensamiento crítico y ciudadano, que lleva a los países a tener gobernantes mediocres, parlamentarios y políticos comprados por las grandes empresas y una masa incapaz de generar movimientos sociales fuertes ideológicamente y sólidos orgánicamente, ya que sus deudas y sus tarjetas de crédito les impiden pararse frente a frente al poder y hacerle sentir que son algo más que dóciles consumidores de un sistema agotado.

Y lo anterior se logra sólo cuando todos entienden que la inversión en educación, desde la sala cuna hasta las maestrías son un gran negocio y quien no lo entienda vive en un mundo de ensoñaciones poéticas y sólo perpetúa el status quo de las cosas.

La gran pregunta que nace entonces al aclarar la base económica de la educación es:

¿Quién debe manejar ese negocio, quienes deben ser los ganadores al estar en él y si se entiende sólo como ganancia o como un derecho social?

Y esa simple interrogante cambia el foco ideológico de la discusión, tanto en Chile como en cualquier otro país, ya que en dependencia de su respuesta, a un país se le abren las puertas del real desarrollo o sólo se limita a generar inequidades cada vez más grandes, diferencias sociales insalvables donde una reducida élite, educada en un puñado de colegios, compañeros de unas pocas carreras en universidades contadas con los dedos de una mano, en función de sus relaciones familiares o de amistad y jamás en función de sus reales méritos, tienen asegurado su futuro a costa de una enorme masa de jóvenes titulados, pero condenados por su apellido, origen social y educación de mediana calidad, aptos como carne para ser molida en aras del desarrollo de unos pocos, que vivirán ad eternum en sus burbujas auto generadas y auto referentes.

Sin embargo, si el gran negocio de la educación de calidad y gratuita, entendida como un real derecho básico ciudadano para todos, lo ofrece el estado con cargo a impuestos parecidos a los de la OCDE, con royalties mineros a los niveles de Australia, con universidades estatales volcadas a lo universal y la investigación como base de su quehacer diario, ganan los estudiantes, los verdaderos consumidores en este juego de oferta y demanda, pero el que gana al final del día es el país, al tener una cantidad no despreciable de técnicos y profesionales titulados, capaces de generar valor agregado real a nuestra matriz productiva y no sólo productores de piedras, troncos y valor añadido que nos alcanza sólo para seguir reproduciendo un modelo absolutamente depredador en su esencia.

La derecha chilena, incluyendo la socialdemocracia recién botada del gobierno, transmite diariamente como un mantra que la educación es un bien transable, sin aclarar que se trata de una mercancía altamente lucrativa. Pero, en su miopía de corto plazo y en el brutal temor a perder sus privilegios a costa de la mayoría del país, es incapaz de entender que es mucho más productivo tener mano de obra altamente calificada, ya que la baja productividad que mostramos, subiría y por lo tanto las ganancias también, pero estas ganancias deben ser repartidas de mejor manera para igualar la cancha y, por otra parte, dejando que sea el estado quien otorgue y maneje el gran negocio de la educación de calidad y gratuita para todos, desde la sala cuna a la universidad, entendiendo cada paso como un derecho inalienable e intransable a cada ser humano que habite nuestras fronteras y, si alguien quiere una educación privada y cara, allá ellos, no hay motivo para negarla, así como tampoco negar el lucro de las instituciones privadas que, bajo las condiciones señaladas, no pueden ni deben recibir ni un peso de aporte estatal, ya que los esfuerzos fiscales deben estar dispuestos para lo público y gratuito.

Y como corolario: mientras más educada sea una sociedad, mayores son sus posibilidades de tener una vida plena, una salud de calidad y una vejez digna. Todo lo contrario de lo que pasa hoy en nuestra larga y angosta franja de desigualdades.

Usted decide si la educación sigue siendo un negocio lucrativo para pocos o tenemos un verdadero negocio para todo el país, donde se haga hincapié en los derechos sociales, antes que en el beneficio de un grupo minoritario, pero poderoso y profundamente miope.