Estaba todo preparado. El pasado sábado 9 de junio, la Orquesta Clásica del Maule cumpliría con el tercer concierto de su temporada en el Teatro Regional del Maule (TRM), con su director titular Francisco Rettig en el podio y el chelista búlgaro Stanimir Todorov como invitado, para un programa que contemplaba música de Mendelssohn y Tchaikovsky.
Pero hubo una parte que no estaba en el libreto. Antes de iniciar su presentación, los músicos leyeron un comunicado que reveló la fuerte controversia que mantienen hasta hoy con la administración del teatro: “Nueve años a honorarios. Necesitamos un contrato digno”, decía una de las pancartas que exhibieron. “Detrás de toda esa pasión y talento que ven expresados en cada concierto, hay personas que vivimos una difícil situación”, dijeron aquella noche.
Ahora esa situación es más grave: “Estamos a fin de mes, así que ya llevamos dos meses sin sueldo”, dice Carolina Ángel, representante de los 21 músicos que conforman la orquesta, quienes han realizado más acciones de protesta, como tocar en la Plaza de Armas de Talca o en la Iglesia San Agustín, con el fin de recaudar fondos.
Este mismo viernes 29, de hecho, volvieron a manifestarse antes de una actuación, porque los conciertos han continuado a pesar de la crisis: “No vamos a dejar de tocar, no vamos a dejar de trabajar porque nos debemos al público, somos profesionales y no queremos que nos ganen por cansancio, pero el asunto está bien difícil. Es un panorama desolador”, explica la violinista.
“Es terrible ver que nuestro trabajo no es valorado. Somos un patrimonio de la región, estamos todo el año viajando y hemos tocado en todo tipo de condiciones. A pleno sol, con las manos congeladas en invierno, con lluvia debajo de un toldo… Quizás hemos sido demasiado pasivos y sumisos, pero ahora vemos que nada de eso se valora. No hay ninguna respuesta, no hay nada”, añade.
La trama del conflicto
La Orquesta Clásica del Maule fue fundada en 2009 y depende de la Corporación de Amigos del TRM, cuyo secretario ejecutivo es Juan José Valdés. Su directorio es presidido por el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, y entre sus integrantes tiene también al intendente Pablo Milad.
Su financiamiento proviene principalmente del actual ministerio de las Culturas. En febrero pasado, ambas entidades firmaron un convenio que compromete más de 252 millones de pesos para las actividades de 2018, que incluyen la temporada oficial, un programa de conciertos especiales e instancias formativas y didácticas.
El actual conflicto tiene antecedentes. El año pasado la Dirección del Trabajo hizo una fiscalización y “determinaron que la corporación debía escriturar los contratos, porque en la práctica existía una relación laboral y se daban todas las características que la ley establece para un vínculo de subordinación y dependencia”, según Carolina Ángel. “La Corporación se negó y se le cursaron multas por obstruir la fiscalización”.
Uno de los últimos conciertos de la orquesta fue en Curicó. Foto: OCM.
Los integrantes de la orquesta llegaron entonces a un acuerdo, según el cual serían contratados a partir de 2018, pero la propuesta que recibieron está basada en la Ley Nº 19.889, que regula las condiciones de los trabajadores de artes y espectáculos. No era lo que esperaban: “El 15 de mayo recibimos un correo donde se nos envió ese contrato especial para artistas y nos dieron dos días para dar una respuesta. Aparte que esa figura no corresponde para nosotros, ese contrato tenía cláusulas abusivas, como obligarnos a no emitir opiniones en redes sociales sobre el teatro o la corporación, por ejemplo”, asegura Carolina Ángel.
“El contrato especial se pensó para artistas que no tienen un empleador fijo, que tienen trabajos esporádicos y variables, pero nosotros tenemos un empleador fijo y la orquesta lleva nueve años de manera estable, recibiendo un sueldo mensual. Esto no es esporádico, no es de medio tiempo, tenemos disposición completa para el teatro”, recalca.
Entonces las remuneraciones se entramparon: “A fines de mayo fui a entregar las boletas y en el teatro las rechazaron, diciendo que no habría pago hasta que no firmáramos un contrato. El 4 de junio nos mandaron un correo en que nos reiteraban que tenemos que firmar un contrato para que nos puedan pagar, aun cuando no había ninguna comunicación previa. Cuando preguntamos qué tipo de contrato había que firmar, nos contestaron que el de honorarios”, relata la dirigenta.
Ahí explotó el conflicto. Los músicos se negaron a seguir a honorarios e iniciaron las manifestaciones. Su intención, dice su vocera, es establecer un diálogo con un representante del ministerio de las Culturas o con el directorio de la Corporación de Amigos, presidido por el alcalde y también integrado por el intendente: “Porque el secretario ejecutivo es mandatado por ellos, es el directorio el que decide, pero nos sentimos totalmente abandonados”, afirma la intérprete.
“No hay que ser populista”
“Esto no pasa por un tema de voluntad, sino por la realidad económica”, es una de las primeras cosas que dice Juan José Valdés, secretario ejecutivo del TRM, al analizar la crisis que vive la institución.
El abogado, que asumió el cargo hace cinco años, luego del millonario fraude que afectó a la institución, recalca que los sueldos no pueden ser pagados mientras no haya un convenio que los respalde: “Los músicos decidieron no firmar ni suscribir contrato alguno y, por lo tanto, unilateralmente optaron por esta situación de no concurrir al pago, cumpliendo con estos mínimos requisitos que a nosotros nos exige el ministerio. Por eso, no es veraz que sea el teatro el que no paga”, dice.
Según su punto de vista, el contrato especial para artistas es lo mejor que puede ofertar la administración: “Sería irresponsable hacer algún planteamiento económico que no va a ser posible realizar”, afirma.
“Ellos pueden hacer la calificación jurídica que estimen pertinente sobre ese tipo de contratos, pero lo hemos hecho en base a nuestra realidad jurídica y económica. Es el compromiso que esta institución realmente puede cumplir, año a año, sin ningún tipo de riesgo, lo que no significa que eso ocurrirá indefinidamente. La idea es llegar a la aspiración de la orquesta, pero eso tiene que darse con el tiempo”, explica.
Juan José Valdés, en una imagen de archivo con el ex intendente Pablo Meza. Foto: Intendencia del Maule.
En ese sentido, Juan José Valdés dice que un mayor apoyo desde el Gobierno para las orquestas regionales permitiría alcanzar esa estabilidad. Por ahora, eso no ocurre: “Esto sigue siendo un proyecto. Lo único que garantiza su continuidad es que hoy es una glosa de la Ley de Presupuesto, pero sigue teniendo requisitos, análisis, supervisión, fiscalización por parte del gobierno central. Por eso digo que ese contrato se ofreció de acuerdo a nuestra realidad jurídica y económica”, señala.
¿Fueron multados por la Inspección del Trabajo? “Efectivamente nos hizo observaciones, pero desde el punto de vista legal, la Inspección no es la institución llamada a hacer la calificación jurídica de una relación laboral, porque eso lo hacen los tribunales laborales. Nosotros expusimos a la Inspección todos los elementos por los cuales entendemos que no se configuraba una relación laboral en el orden jurídico legal. Entendemos que hay una aspiración de todos, no tan solo de los músicos, de que esto se pueda estabilizar, pero tenemos que ser realistas”, responde.
Finalmente, Juan José Valdés subraya que en la corporación “están las puertas abiertas” para lograr un acuerdo con los músicos, pero pone condiciones: “Tiene que haber un diálogo razonado, que tenga base en la realidad. No es posible, por más legítima que sea, que una aspiración ponga en riesgo la continuidad del teatro. No hay que ser populista, no hay que ofrecer lo que no se tiene, porque estos son proyectos frágiles. Uno o dos años podemos navegar felices de la vida, pero te aseguro que al tercero o cuarto, esta cosa va a reventar”, concluye.
