La reciente decisión de la Corte Suprema de Chile de transferir el caso del conscripto Franco Vargas Vargas de la jurisdicción militar a la civil marca un hito significativo en la protección de los Derechos Humanos en el país, por ello en tanto dichos derechos constituyen la base ética de nuestra democracia, requiere ser más destacada y reflexionada.
Con la determinación de la Segunda Sala del máximo tribunal será el Juzgado de Garantía de Arica quien deberá continuar con la investigación de la muerte de Franco Vargas y otros delitos ocurridos en Putre, desestimando la competencia de la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes. Se trata de un fallo que no deja duda respecto a la sujeción a la doctrina de los DD.HH., y por lo tanto la obligatoria sujeción a los compromisos internacionales del estado chileno,
Cuando en nuestro país se levantan voces de una ultra derecha que pretende poner en duda este compromiso, desvalorizando la tarea de la ONU y llegando ofrecer el abandonarla, voces que evidencian nuevas formas autoritarias que buscan la destrucción de avances civilizatorios de las últimas décadas, entonces, el fallo de nuestro máximo tribunal, enmarcado con claridad en los principios y valores de la democracia,, se convierte en un aporte significativo para la tarea de protegerla y profundizarla,
Resulta necesario también mirar el especial dramatismo de lo ocurrido en Putre. Se trataba de muchachos muy jóvenes, recién egresados de educación media, iniciando la vida independiente, que se entregaban a una formación que sabían tendría exigencias, pero donde no cabe imaginar correr peligro y llegar a morir como ocurrió con Franco. Por eso la fuerza alcanzada por esa madre cuyo dolor conmovió a toda la ciudadanía, copando la agenda noticiosa y movilizando a las instituciones pertinentes.
Al definir el carácter del drama ocurrido como una muy grave violación a los Derechos Humanos, es decir, causado por el integrante de un aparato del Estado, como el Ejército de Chile, la exigencia de hacer plena claridad de ello creció como una voz muy potente a lo largo del país. Cualquier elemento que hiciera dudar de la trasparencia y veracidad del proceso judicial impactaría con fuerza, agravando la desconfianza que, especialmente en el mundo popular, siente hacia las instituciones del Estado. La petición del Ejercito de que el procesamiento ya en curso fuera dejado en manos de la Justicia militar implicaba el riesgo evidente de ahondar dicho sentimiento, empujando el pensar que “solo ganan los poderosos”.
Muchas voces se levantaron mostrando que no corresponde la aplicación de la justicia militar en lo ocurrido en Putre. Para muchos, ella solo corresponde a delitos militares cometidos por uniformados en servicio activo y, tal como lo ha planteado a Chile la Corte Interamericana de DD.HH., si se conserva la justicia militar, debe adecuar su legislación para que solo conozca delitos estrictamente militares, cometidos por militares y entre militares planteando se realicen los cambios legislativos correspondientes.
El que aparezca vulnerado un derecho humano fundamental como es la vida, exige asegurar el máximo de garantías e independencia, lo que no es otorgado por la justicia militar, ya que en ella el que investiga es un fiscal militar dependiente de la institución militar, y quien juzga es un oficial de línea, claramente dependiente del mando. En estas condiciones y más allá de los buenos propósitos de dichos oficiales, al no haber independencia no resulta posible la radical imparcialidad exigida.
De no haber quedado radicado en la justicia civil, una presentación en la Corte Interamericana habría sido inevitable, y con ello una herida respecto a la imagen pública del alto mando de nuestro Ejército, lo que tendría el lamentable efecto de ignorar la rápida reacción del Comandante en Jefe, al llamar a retiro a dos altos jefes militares, una acción de enorme peso que mostraba la gravedad que se le otorgaba a la muerte de un conscripto. En ese gesto se hacía cargo de la extrema gravedad de un hecho ocurrido, constituyendo un valioso gesto en las relaciones cívico-militares.
La decisión de la Corte Suprema es un paso adelante en la consolidación de un sistema judicial que prioriza los derechos humanos y garantiza un recurso efectivo y protección judicial para las víctimas. Este fallo también refuerza la posición de Chile como un país que avanza en la protección de los Derechos Humanos, entendiendo que ellas son la base de una democracia que hoy requiere ser protegida y profundizada.
