El exmandatario aseguró que la medida apunta a una situación humanitaria, por lo que sería aplicable a todos los presos.
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, criticó la forma en la que el ministro se refiere al tema de derechos humanos. A su juicio, no está a la altura de la función que cumple, por lo que debe renunciar.
El Ministerio Público fue entregando por parte documentos que solicitaban los defensores de los imputados, entre ellos declaraciones y datos de los testigos protegidos, videos y pericias químicas que sólo mostraban conclusiones pero no el procedimiento científico.
Nuevo estudio de Fundación SOL y la OIT revela la precarización de las condiciones laborales de las mujeres de la industria textil que venden, a través de una extensa cadena, su producción a grandes tiendas o fábricas. El informe abre el debate sobre las injusticias de la externalización de los servicios y sobre la verdadera libertad del libre mercado.
La quema de archivos microfilmados de la dictadura, que el Ejército autorizó en democracia causó el rechazo de los abogados que participaron de la Mesa de Diálogo del año 2000. Mientras que desde el Gobierno, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, reconoció que “esto es parte de las realidades que vamos conociendo con los años”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la periodista Pascale Bonnefoy se refirió a su artículo, donde denuncia la destrucción de microfilmes en el año 2000, que contenían información de los principales organismos de inteligencia que operaron en dictadura.
La mejora de las medidas de reparación, así como el secretismo en torno a la Comisión Valech I, siguen siendo temas sin resolver por parte de Gobierno de Michelle Bachelet. En ese contexto, las organizaciones acudirían a la Corte Interamericana para concretar una demanda.
El ministro en visita que investiga las querellas por torturas en contra del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre,, Vicente Hormazábal, obtuvo información del Ejército que acreditan la participación de Cheyre en 26 consejos de guerra. El abogado querellante en el capítulo La Serena de la Caravana de la Muerte, Cristian Cruz, dice que con esto reafirma lo cambiante de los dichos del general en retiro y demuestra las inconsistencias de su discurso.
Las declaraciones del fiscal nacional, insistiendo en la responsabilidad de los once imputados por el caso Luchsinger Mckay, generaron ronchas de distintos sectores. José Tralcal, comunero que pasó más de un año y medio en prisión preventiva, cree que la actitud del ministerio público muestra atisbos de obsesión.
Diez años después del regreso a la democracia, los archivos microfilmados de los principales órganos de inteligencia de la dictadura de Pinochet fueron quemados en las afueras de Santiago. Mientras, el Ejército negaba su existencia ante el requerimiento de jueces que investigaban causas de derechos humanos.
La reunión fue solicitada anterior al fallo del Máximo Tribunal que decretó la libertad de los imputados. De todas maneras, aprovecharon de expresar la preocupación en torno a los procedimientos realizados por Carabineros de Chile además de la violencia ejercida en los allanamientos.
Este lunes se llevó a cabo la nueva autopsia al cuerpo de Macarena Valdés, joven activista que fue hallada muerta en su casa en la comunidad Newen de Tranguil en Panguipulli. Si bien en un principio el hecho fue calificado como un suicidio, su familia asegura que se trata de un asesinato, lo que podría esclarecerse con las nuevas pericias.
Luego de una reunión con la entidad, los familiares del joven artesano encontrado muerto en el Río Chubut afirmaron que “hoy lo que está en peligro es una investigación imparcial, independiente y pronta”.
Los once comuneros resultaron absueltos luego de un año y siete meses privados de libertad. El Defensor Nacional señaló preocupación ante el exagerado uso de la prisión preventiva en Chile, sobre todo en temas vinculados a mapuches.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Rodolfo Reyes, familiar del poeta y parte del grupo de abogados querellantes, atribuyó el supuesto asesinato de su tío a que se iba a transformar en el símbolo de la oposición que enfrentaría a la dictadura desde el extranjero.
