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En su primer día de gira esta semana por las localidades más afectadas por el terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero de 2010, el diagnóstico del Presidente Sebastián Piñera respecto de la situación de miles de familias que resultaron damnificadas fue claro: “No será posible que las personas que hoy viven en aldeas reciban sus casas definitivas antes que empiece este invierno”.
La desalentadora frase del Mandatario no se aleja de la realidad. El mismo Gobierno anunció que se entregarían 220 mil subsidios para nuevas viviendas, cuya edificación estaría finalizada seis meses después de la asignación. Sin embargo, según los informes oficiales del Ejecutivo, al 31 de enero de 2012 se han entregado 12 mil 248 casas, lo que corresponde sólo al 5,5 por ciento del total prometido.
Una situación que es ratificada por los alcaldes de algunos de los municipios que resultaron con mayores daños. Si bien hay un reconocimiento general de que en materia de infraestructura pública y vial la reedificación proyectada está casi concluida, todavía hay un retraso considerable en vivienda.
En esa línea, el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, precisó que “tenemos 2 mil 320 familias todavía viviendo en mediaguas. Hay 30 casas construidas en sitios residentes. Se comenzó recién a construir 104 casas de el sector Santa Clara, 27 del borde costero de Tumbes y mil 720 departamentos en el sector Centinela”.
En el caso de Pichilemu, el alcalde Roberto Córdova, indicó mientras el proceso de recuperación de los lugares públicos ya está finalizado, la entrega y construcción de viviendas alcanza el 10 por ciento.
Por eso no sorprende que el 77, 6 por ciento de las personas que habitan en aldeas en la región del Biobío duden que durante el invierno 2012 puedan tener sus casas, según constató la encuesta “Percepción y situación de la reconstrucción en las aldeas de la región del Bío-Bío”, desarrollada por la Asociación Nacional de ONG´s ACCION.
Modelo errado
Para el alcalde de Pichilemu, el paso lento que se ha presentado en la construcción y entrega de casas para los damnificados se explicaría porque continuaron rigiendo las normas cotidianas frente a un periodo excepcional.
“En el tema de la infraestructura operaron los mecanismos de emergencia y, a raíz de los decretos que se dictaron, los organismos públicos ejecutaron las obras basados en la emergencia que estaba viviendo el país. Pero con las casas el tema ha sido distinto. La mayor parte de los subsidios que se han entregado, se ha canalizado por las vías normales que tiene el Serviu o el Ministerio de Vivienda. Eso hace que el proceso sea demasiado lento porque hay que cumplir una serie de requisitos y trámites y validar los permisos de construcción correspondientes”, afirmó Córdova.
Opinión similar manifestó el edil de Talcahuano quien sostuvo además que en el caso de su comuna se debió haber dispuesto un organismo aparte para guiar la reconstrucción en su municipio.
“Yo propuse que se dictara una ley especial para Talcahuano, que creara una Corporación para la Reconstrucción y que allí existiera normativa, facultades, recursos y profesionales dedicados única y exclusivamente a la reconstrucción. El Estado chileno tiene normas, restricciones y controles que hay que cumplir. Esa ineficiencia que se nota es porque no se tomaron las medidas que correspondían en el momento oportuno”, sentenció Saavedra.
No obstante, el arquitecto y director de Reconstruye, Nicolás Valenzuela, afirmó que es el modelo aplicado el que no estaría dando resultados.
“Ha habido una mirada que se ha centrado en asignar recursos – probablemente esta es la reconstrucción que hemos enfrentado con más dinero – pero sin una gestión pública que permita que las soluciones sean efectivas. En cambio, se ha delegado en el sistema privado la ejecución de los subsidios de vivienda y esto genera dependencia del mercado inmobiliario. Sólo hay viviendas mientras sea rentable y, en muchos casos, la reconstrucción no lo es”, comentó Valenzuela.
En esa línea, el arquitecto advirtió de la necesidad de “crear una Agencia Nacional de Recuperación de Desastres Naturales, que tenga una institucionalidad permanente y que pueda operar en situaciones especiales”, dijo.
Nicolás Valenzuela destacó modelos como el de Nueva Zelanda, donde inmediatamente después del terremoto de febrero de 2011, se desarrolló una legislación específica que dio vida a organismos que dieron mayor eficiencia al proceso y que también servirán para enfrentar futuras catástrofes. En Chile en cambio “hasta el momento no hay ninguna innovación que nos permita estar mejor preparados para adelante”, señaló el arquitecto.
El director de Reconstruye hizo un llamado a ser más realista con los plazos y aseguró que, de acuerdo a la experiencia internacional, una reedificación total que abarque aspectos urbanísticos, sociales y económicos, puede tardar al menos diez años.
Porfavor reconstruyan con buenas leyes. Basta de perder tiempo y de burro-cracia!
Un gobierno se mide por sus obras y al parecer ninguno lo achunta. Son todos unos mercachifles!
Cuantos colegios se han reconstruido, la escuela Santa María de Iquique espera desde el 2005, el ex - ministro Lavín se paseaba orondo sobre sus escombros , quien va a colocar la primera piedra; golborne dice que todavía esta en los plazos y debería haberla entregado el 21 de Diciembre del 2011.
Esta es una prueba contundente de que las autoridades no confían en la educación pública, a pesar de que aprovecharon sus ventajas para posicionarse.