En una entrevista, el subsecretario de Medio Ambiente acusó que existe un muy bajo estándar de calidad en la presentación de los estudios de impacto ambiental y que muchas veces las empresas y consultoras realizan un verdadero copy paste de proyectos, lo que sólo complica y retrasa el proceso.

Esto fue confirmado por distintas organizaciones ambientales. Una de ellas es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, (OLCA).

En este sentido, el director de OLCA, Lucio Cuenca, señaló que “los estándares o los niveles de exigencia para los estudios de impacto ambiental que deben presentar las empresas son bastante bajos y eso permite que las empresas presenten en definitiva mamarrachos de estudios de impacto ambiental. Ellos operan bajo la lógica que la gente usa cuando va a sacar la revisión técnica, donde presentan un muy mal estudio de impacto ambiental o lo que tengan y luego lo van parchando en relación a lo que la autoridad les va consultando y de esa manera se aprueban los proyectos”.

Cuenca añadió que por esta razón no hay garantía de que el estudio de impacto ambiental sea una herramienta preventiva, que considere todos los aspectos de los lugares que se van a intervenir y sobre eso establecer los impactos de un proyecto.

Según el ambientalista, varios ejemplos de esta falta de calidad se dieron en la región de Los Lagos con los proyectos salmoneros, donde las declaraciones de impacto ambiental eran las mismas entre distintos proyectos, pese a estar ubicados en lugares con características ecosistémicas totalmente diferentes.

Para Cuenca, hay problemas serios en nuestra institucionalidad, la que permite que las empresas dueñas de los proyectos hagan los estudios a su medida o trabajen con consultoras asociadas.  Esto pese a que las organizaciones ambientales han solicitado con insistencia que se cree una entidad independiente que se haga responsable.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, reiteró que nuestra institucionalidad ambiental es débil y resaltó algunas deficiencias del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la propia legislación: “Todo el tema de negociación incompatible que hay cuando las empresas llegan a las comunidades, ofreciendo cosas que no tienen nada que ver con el proyecto mismo. Eso debería estar prohibido porque en el fondo, se está inhibiendo a una comunidad de mirar el proyecto en toda su magnitud y le está desviando la atención”.

Además, la directora de Terram agregó que “todo esto tiene que ver con que no hay ningún apoyo desde el Estado para que las comunidades puedan realizar un estudio de impacto ambiental y hacer observaciones, mientras que las empresas tienen grandes equipos técnicos. Por lo tanto,  hay una desigualdad en la ley que es muy profunda”.

Otro elemento complejo es que la ley evalúa los proyectos uno a uno como si no existiera nada antes de ellos, dejando fuera la saturación que puede existir al acumularse proyectos contaminantes en la misma zona, como ocurre hoy en el norte del país.

Flavia Liberona añadió que en otras legislaciones hay elementos regulatorios que permiten definir el mejor lugar para la instalación de los proyectos y, además, las iniciativas se contemplan en la estrategia de desarrollo regional, lo que no ocurre en Chile, por lo que hoy se puede diseñar un plan, pero las empresas pasan por encima de las autoridades locales. “Aquí está todo muy mal solucionado o simplemente no está solucionado”, advirtió la ambientalista.