El borrador del proyecto de ley ya estaría casi listo, según señaló el diario El Mercurio. La iniciativa establece esta figura de “líneas de utilidad pública”, las que serán sometidas a una licitación por la CNE, que determinará, a través de un consultor, el trazado donde pasará el tendido y notificará a los dueños de los terrenos afectados, lo que será evaluado previamente por un Consejo Interministerial formado por el ministerio de Energía, Medioambiente e Interior.

Sin embargo, la información ha despertado muchas dudas, ya que no quedan claros tema como la titularidad del proyecto.

En ese sentido comentó el ingeniero, consultor ambiental  y dueño de la Sociedad de Gestión Ambiental (SGA), Jaime Solari: “Entre los detalles que no quedan claros me parece que lo primero que salta a la vista es sobre quién es el titular de este proyecto, quién es el dueño de este proyecto y hay más dudas de las que uno tenía antes. No es una cosa fácil lo que se pretende realizar”, dijo.

Por otro lado, los ambientalistas señalaron que este es un tema complicado, ya que si bien es urgente solucionar el problema de la transmisión de la electricidad en Chile, frente al contexto de proyectos de mega-generación que están atascados, se piensa que la verdadera intención del Gobierno es allanar el camino a las empresas para que puedan construir líneas en zonas complejas.

Bajo este prisma analizó la información la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, quien puso en duda la legalidad de que el Estado sea quien determine y entregue a los funcionarios o “servidumbre” responsables de las auditorías.

En esa línea, la ambientalista señaló que “claramente si las líneas se conceptualizan legalmente o se establecen con el estatus legal de líneas de utilidad pública y se prediseña el trazado, hay una facilitación de las concesiones en la medida en que quedan establecidos los trazados. No obstante, creemos que igual debiera existir una negociación de la servidumbre en la medida en que si no hay negociación de la servidumbre sería anticonstitucional, porque el Estado le estaría entregando un derecho a un sector por sobre el derecho del otro”.

Por su parte, el ecologista Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, se mostró suspicaz al señalar que el Gobierno está otorgando demasiadas atribuciones a la CNE en un sistema cerrado, donde queda excluida la opinión de la ciudadanía: “Hay dos tremendas ausencias fundamentales, la participación ciudadana en general y en el caso especial de la participación de las comunidades indígenas, no hay una sola referencia, lo que llama la atención. Se habla sólo de las potestades del Estado y las potestades mayores que va a tener la CNE y este Consejo Interministerial y estas consultoras contratadas por la CNE, pero no se habla nada de la gente, cuál es la opinión de la gente, no se dice nada de eso, es sospechoso, huele bastante mal”, explicó Orrego.

Su preocupación pasa por la inquietud que han manifestado distintas autoridades del mercado eléctrico sobre la dificultad que representa el Convenio 169, que establece el derecho de consulta de los pueblos originarios, y la consulta también a las comunidades afectadas, con una serie de conflictos que terminan “judicializándose en las cortes”. En esa línea, Orrego afirmó que teme que este mecanismo tenga la finalidad de saltarse este tipo de dificultades.

Así los ambientalistas pusieron una voz de alerta ante posibles riesgos que podría incluir esta iniciativa, la que será dada a conocer la tercera semana de agosto, en este sentido hicieron un llamado a estar atentos a la ya tradicional “letra chica” de los proyectos de ley.