La discusión de la nueva Ley de Pesca ha generado amplia controversia en sectores de la pesca artesanal así como en organizaciones ciudadanas, las que acusan que el proyecto elaborado por el ministerio de Economía, “entregará los recursos del mar a perpetuidad a un cartel de siete familias”.
Todo se remite la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador, que entró en vigencia en 2001, impulsada por el Gobierno de Ricardo Lagos, donde en vías de terminar con la “carrera olímpica del sector” – el que llegaba primero se llevaba la cuota-, se estableció un sistema de cuotas individuales transferibles que duraría dos años. En 2002, a través de una ley corta, el Congreso aprobó extender estas licencias por diez años.
Argumentando que se debía reconocer la inversión pionera de la industria pesquera desde hace 50 años, dándole seguridad legal y, de esta forma, también defender el empleo, estas siete familias se hicieron del 92 por ciento de las cuotas de captura industrial, a través de un fuerte lobby y el alineamiento de los parlamentarios de ese entonces.
Por medio de una fórmula denominada “coeficiente de participación relativo”, las cuotas se fraccionaron sumando los registros de captura entre 1997 y 2000 y determinando la capacidad de bodega de las naves en 2001. Es decir, quienes tenían mayor participación del mercado fueron los que salieron más beneficiados.
Es así como, durante estos diez años, los industriales han concentrado ganancias por 9 mil millones de dólares, pero nunca han pagado por la asignación de las cuotas, que según el propio ministro de Economía, Pablo Longueira, alcanzan una valoración de 743 millones de dólares anuales. Solo están obligados a pagar una patente por operar sus embarcaciones, lo que equivale a un 0, 6 por ciento de sus exportaciones. De esta manera, pese a que Chile es uno de los top diez en descargas pesqueras del mundo, el sector solo aporta un 0,4 por ciento del PIB del país.
A ello se suman las acusaciones por la sobreexplotación de los recursos marinos, poniendo solo como ejemplo la desaparición del jurel en las costas; la absorción de las pymes por parte de la industria; y que un 90 por ciento de los recursos se exporta, dejando un magro porcentaje para la alimentación de los chilenos.
Sin embargo, a punto de llegar a su fin el antiguo régimen de pesca, los grupos que controlan el mar buscaron impulsar que la situación se mantuviera tal como en 2002, asegurando poseer un “derecho histórico” que ya habría sido reconocido en dicha legislación. Y parecen haberlo conseguido.
¿Quiénes son estas 7 familias de grandes grupos empresariales que quieren mantenerse como actores exclusivos de la pesca en Chile?
Se trata de las familias Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz , Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, que durante los últimos años pasaron de poseer sus propias flotas a fusionarse en cuatro grandes conglomerados: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur y Mar Food -capitales extranjeros – (ver detalle al final del texto).
Pese a que en un principio el proyecto formulado por el ex ministro de la cartera, Andrés Fontaine, consideraba dejar el 50 por ciento de las cuotas para licitación, dándole mayor competencia al sector con el ingreso de nuevos actores y, así, generar mayores recursos para el Estado, la llegada de Pablo Longueira a Economía habría frenado esta opción.
De hecho, las organizaciones acusan directamente a los industriales de haber actuado contra el antiguo proyecto de ley que había propuesto el Gobierno de Sebastián Piñera, quien ya como senador en 1991 había planteado darle mayor dinamismo a la industria pesquera. Según un fallo del Tribunal de la Libre Competencia desde 2001 que no ingresa ningún nuevo actor a este mercado.
De esta forma, la iniciativa que actualmente se discute en segundo trámite en el Congreso plantea una cuota global de captura que se administraría bajos tres tipos de licencias transables (Clase A, Clase B y Clase C). Es a través de las licencias de Clase A que, según afirma el propio ministerio de Economía, se “reconocen los derechos históricos de los industriales”.
Aunque la Clase B se entregaría por licitación cuando una especie haya alcanzado su Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) y la clase C cuando la cuota se encuentre sobre esta tasa, se discute la viabilidad de estas opciones, ya que según los expertos los recursos marinos estarían tan depredados, y continuarían en manos de quienes los han sobreexplotado, que sería casi imposible llegar a un estado de sustentabilidad donde se alcance el RMS, por lo que solo se traría de alternativas fantasmas.
Asimismo, con más de 4 mil kilómetros de costa de norte a sur, la legislación tampoco establecería que los recursos del mar son del Estado, ya que este artículo fue rechazado por la sala de la Cámara de Diputados y existe la duda sobre si el Senado lo repondría o no. De entregar nuevamente la concesión a los industriales por veinte años más, el proceso solo podría revertirse a futuro por medio de expropiaciones que traerían billonarios costos al Estado.
Los industriales y las 7 familias
Angelini: Grupo económico liderado por Roberto Angelini. Con un capital estimado en U$ 1200 millones, es uno de las cinco fortunas más ricas del país y la 1015 del mundo según la revista Forbes. Entre sus principales empresas destaca Copec, Celulosa Arauco y Colbún, entre otras. En la pesca industrial participa a través de Corpesca y Orizon (Fusión de Pesquera San José y South Pacific Korp), junto a la familia Lecaros.
Lecaros: A través de la Sociedad Pesquera Coloso, Sergio Lecaros Méndez, además de participar en Corpesca y Orizon, también tiene intereses en los Hoteles Holiday Inn Express, Alifrut SA (Minuto Verde – Cambaña) e inmobilarias en Chile y Buenos Aires.
Yaconi – Santa Cruz: Conglomerado creado en los ’70 por Manuel Santa Cruz, Hugo Yaconi, Jaime Santa Cruz, Mario Vinagre y Ernesto Noguera. Con la pesquera El Golfo se unieron a la Pesquera Itata, de la Familia Sarquis, dando origen a Blumar S.A en 2011. La fusión posee un capital de poco más de 124 mil millones de pesos y es la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte del recurso pesquero en Chile. También tienen intereses en Lipigas, ABCDin, Inmobiliaria Las Lilas y Mall Paseo Estación, entre otros.
Sarquis: El holding está encabezado por Rodrigo Sarquis Said, quien además de participar en la pesca industrial con Blumar SA, lidera la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).
Stengel: Grupo liderado por Jan Stengel. Con la Pesquera Bío Bío se fusionaron con la Compañía Pesquera Camanchaca, de la familia Fernández, en 2011. Además de participar en Congelados Aitué, Unfishing Canning, Stengel es actualmente el presidente de la Asociación Nacional de Indutriales Pesqueros (Asipes).
Fernández: Al frente de la Compañía Pesquera Camanchaca se encuentra Jorge Fernández Valdés. Al unirse con los Stengel, ambas familias terminaron con el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola.
Izquierdo: Los hermanos Izquierdo Menéndez controlan Alimentos Marinos S.A y San Antonio SA. Roberto Izquierdo es parte de la directiva de Asipes. También tienen interes en Kidzania, Universidad de las Andes, Forestal y papelera de Concepción, Entel PCS, entre otras.
Eso es lo lamentable, como el discurso nacional de unos pocos que exalta los recelos y odiosidades de la mayoría hacia sus hermanos.
Desconocer la lucha consecuente del PC contra el duopolio oligárquico es de una falsedad absoluta.
Infórmese primero y luego opine.
He aquí:
Los chinos están a la expectativa
El jurel desata batalla en la derecha
Ex ministro Fontaine arremetió contra Longueira por acuerdo sobre pesca
Las aguas de la pesca en el Pacífico están agitadas.
Aunque las relaciones entre los pescadores artesanales y los industriales del sector quedaron en calma tras el último acuerdo para repartirse las cuotas de pesquería autorizadas por el Estado chileno, que ahora debe pasar al parlamento para elaborar la ley; a nivel político las mareas subieron al nivel de una marejada cuando el ex ministro de Economía de Piñera, Juan Andrés Fontaine, se lanzó en picada contra su reemplazante, Pablo Longueira.
En declaraciones al diario La Tercera, Fontaine dijo que Longueira caracteriza a esa vieja derecha "cortoplacista y sujeta a complacer a los grupos de presión". Y sintetizando el pensamiento de los sectores más liberales, alega que al menos el 50% de las cuotas debieron haberse licitado, porque “un acuerdo a puertas cerradas entre los sectores beneficiarios de las cuotas me parece absolutamente ajeno a lo que debe ser la forma correcta de legislar”.
La pelea de fondo, es como debe repartirse la torta autorizada para pescar principalmente jurel, sardinas, anchoveta y las merluzas.
En su propuesta, el ex secretario de estado plantea que hay que “hacer de las cuotas un derecho perfectamente transable (o vendible) a largo plazo”.
Coincidentemente, la Asociación Nacional de Pesca (Anapesca A.G. ), respaldó esta posición, exigiendo que se liciten esas cuotas, porque dice que la entrega a perpetuidad es “un error que lleva a la ineficiencia y especulación con los recursos del Estado” y que los poderosos no quieren dejar entrar nuevos actores al negocio.
Albert Arias Arthur, Máster en Asuntos Marítimos de la Universidad de Washington y asesor en política pesquera de Anapesca, cuestionó que los artesanales vendan sus derechos a los industriales, y expresó que paulatinamente han ido perdiendo sus cuotas, pasando a ser prácticamente “esclavos” de los industriales.
En su opinión, el camino para terminar con la concentración en el sector sería hacer obligatoria la subasta o licitaciones de las capturas (de pescados), para que los artesanales obtengan un buen precio, puedan pagar sus deudas y se termine con los incentivos para que la industria quiera hacerse del sector artesanal.
Pero a los trabajadores del sector, artesanales o del sector industrial, les parece importante el acuerdo.
Hugo Roa, director Sindicato Tripulantes Interempresas, ha denunciado que detrás de todo está el grupo noruego Koppernaes, porque quiere vender su subsidiaria chilena Lota Protein a la empresa China Fishery Group. Y los chinos ponen como condición previa lograr que se liciten las cuotas de pesca autorizadas por Chile, para aumentar su participación en la captura del recurso jurel.
La clave del problema
Los chinos, que están funcionando como una gran aspiradora de recursos naturales porque necesitan alimentar y desarrollar a 1.300 millones de personas, requieren tener mayores cuotas de capturas que las que le autorizara la Organización Regional de Pesca (ORP) del Pacífico Sur, instancia creada hace pocos años para evitar la depredación de los recursos marinos en el área. Entonces pusieron sus ojos en Chile, que tiene derecho a capturar el 62% del recurso jurel del Pacìfico. Para eso la fórmula es simple. Establecen una filial en Chile –que se puede comprar-, que participe en las licitaciones de cuotas. Y una vez logrado el objetivo, seguirán pescando jurel a gran escala con barcos factoría en alta mar. Al final, ¿quién perdería? Como siempre, los más débiles, los casi 300 mil trabajadores chilenos de las embarcaciones y las plantas de elaboración y tratamiento de estos productos; los consumidores nacionales, que se quedarían casi sin merluzas ni jurel para su alimentación; y el gato de la casa, que va a tener que conformarse con los famosos pellets que lo enferman de los riñones.
ENTREVISTA.-
Jorge Chocair, ex subsecretario de pesca de Bachellet
“Es una pelea política y de intereses económicos”
- ¿Hay que licitar a lo menos el 50% por ciento de las capturas, como dice Fontaine?
- -¿Y por qué no el 100%? Él no tiene argumentos técnicos para plantear la licitación. No sabe nada de pesca.
- ¿Por qué no está de acuerdo con la licitación?
- Si se abren las licitaciones, con la economía global, ahí está el peligro. Lo que preocupa a los pescadores artesanales, es que esas empresas internacionales, sean de China o la Unión Europea, que operan con buques factorías que procesan todo el pescado en el mar, mañana, por los tratados de libre comercio y otros de buenas relaciones, puedan subastar. ¿Y quién garantiza la fuente de trabajo de los chilenos y la sustentabilidad de sus recursos? Hay que asegurar a la clase trabajadora.
- Entonces la pelea entre Fontaine y Longueira es política y comercial.
- -Así lo pienso. Es una pelea política y de intereses económicos. Trato de ver la cosa transparente. Hay una componente política más liberal versus más conservadores. Lo más importante es que los pescadores artesanales están en contra de la subasta. Y el tema también tiene un componente de tipo social.
- ¿Existen antecedentes de licitación de pesquerías en Chile?
- Hay tres o cuatro pesquerías que se licitan, entre ellas el bacalao, que es de profundidad. Lo que hoy existe no es una cosa absolutamente detectada, pero licitan a los precios que ellos quieren. Entonces ¿quién va a poner los parámetros?
- ¿Cómo garantizamos a los chilenos el trabajo y el abastecimiento?
- Si se licita, ¿cómo voy a cautelar que las empresas cumplan? Para el consumidor, en los supermercados los productos pesqueros ya están bastante caros. Por eso hay exigencias que una parte importante del jurel sea para consumo humano. Podemos hacerlo más estricto. En Chile normalmente la pesca fina, la proporciona el artesanal. Toda la merluza tiene que ir a consumo humano. La sardina casi el 90 por ciento va a harina y aceite. Aquí hay intereses. Mientras mejor están los artesanales, mejor para el sector. Hay que protegerlo. Es complicado para el país licitar todo, y despedir a nuestros trabajadores.
Principales recursos pequeros en Chile:
Captura total: 3.3 millones de toneladas (2011, hasta agosto)
Pelágicos:
Anchoveta, 33,8%
Sardinas, 22,5 %
Jurel: 7,3%
su pega con ética Profesional uno cree
sorprenderse ´pero ya nada me extraña en
este país mi gratitud con la Radio, que toque
estos temas que para la inmensa mayoría de
los medios callan, con afecto a Daniela y que
cuide ya tendré el gusto de conocerla
es mediocre y con una profunda carencia de ETICA...
Hasta cuando señores?
Asamblea constituyente ahora
Por un País que salga de las garras de la maloliente mediocridad de la oligarquia y la clase política.
El problema con respecto a usar la información para cambiar la situación, es que esta depredación del mar no es ilegal. Y sabemos que los que le otorgan el derecho a los empresarios son los parlamentarios.
Por ello, más urgente que tener la información de las redes con las que funcionan, lo cual implicaría una investigación mayor que no sé si la Radio esta en condiciones de hacer a corto plazo, necesitamos conocer los parlamentarios que hacen las leyes a su favor. Ellos son la cadenita crucial que permite que toda la organización de usurpación pueda actuar. Y creo que la Radio tiene la capacidad de conseguirnos esta información no sin trabajo, pero con relativa facilidad. Y nosotros, los ciudadanos si tenemos algo de poder con respecto a los politicos coolaborando con esta industria.
Si tomamos en cuenta el contexto y el espacio de tiempo en que se da este proceso, ¿Qué podemos hacer los ciudadanos comunes contra las grandes empresas y empresarios que así explotan a la naturaleza y nuestros recursos naturales y sociales, destruyendo la vida del mar, la capacidad de trabajo de los pescadores artesanales y la alimentación de la población? Las movilizaciones no han detenido este proceso legal porque existen parlamentarios que, en nuestro nombre, son los grandes cómplices de los usurpadores de nuestros derechos al mar.
Aun cuando es la mayoría del Parlamento la que debería ser remplazada por una ciudadanía que en un futuro no tan lejano se logre organizar masivamente para luchar contra el neoliberalismo, saber los nombres de estos cómplices, nos daría la posibilidad de desenmascararlos ahora a través de redes de comunicación ciudadanas. Es parte de las formas posibles de movilización y de la creación de conciencia ciudadana, que quizás no pueda desgraciadamente afectar el presente como para detener esta violación de derechos del mar, pero que incidiría en un proceso de concientización y eleccionario futuro.
Agrego en los parrafos siguientes un comentario que creo que amplifica la discusión sobre el abuso que el sistema promueve y el poder de la ciudadanía de hacer cambios, que escribí en respuesta al último editorial de Juan Pablo Cárdenas. Este se refería a las ambiciones que se habrían despertado en algunos políticos de izquierda y también por supuesto en MEO , debido a la abstención electoral del 60% en las elecciones municipales, de obtener los votos de este grupo si presentaran candidaturas presidenciales.
Si no se logran cambios en el Parlamento, una presidencia, por más poderes que tenga, por más que llevara un programa de justicia social, o siquiera un programa con algo de cambios en la dirección necesaria al bien de la ciudadanía, ( esto incluiría un gobierno de Bachelet con algunos ajustes a las demandas sociales)no tendría la capacidad de dirigir el país hacia cambios estructurales o mantenerlos. Y no son únicamente aquellos “representantes” UDI los que tendrían que ser remplazados. ¡Son la mayoría del Parlamento!
Por lo que la tarea de la ciudadanía movilizándose hacia los cambios es tan imprescindible como gigantesca.
Y más que exigirles a los lideres de partidos políticos vendidos al neo-liberalismo que oigan al pueblo, cosa que ya han demostrado que no van a hacer, (para muestra el ultimo botón: el apoyo del Partido Socialista a Hinzpeter esta semana pasada, añadiendo a sus razones tácticas, el de que querían “apoyar al gobierno,” “que las cosas vayan bien” (en Chile). ¿Con estos Socialistas para que queremos a la UDI? Es obligación estratégica de “aquellos que piensan” buscar fórmulas que permitan la concientización y organización de las masas. (No hay intención de doble significado por el lema de esta Radio) No se puede permitir que las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias dirijan las energías del descontento de una sociedad explotada. Estos procesos electorales del futuro inmediato tienen sus maquinarias electorales enfocadas y bien aceitadas para mantener las grandes aberraciones sociales del sistema neoliberal, con algunos cambios que lo hagan menos insoportable.
Si bien es cierto que las elecciones municipales han puesto el dedo en la llaga al duopolio por su falta de representatividad, de legitimidad, tomando en cuenta que ya ha empezado la campaña presidencial, ¿tendrán los posibles candidatos de la izquierda, o MEO, según sugiere el director de la Radio, JPC en su ultimo editorial, o todos juntos, una capacidad organizativa que vaya contra el tiempo, contra los medios económicos y las máquinas electorales de sus opositores? ¿Y qué pasa con los líderes que deberíamos tener de candidatos para diputados y senadores? ¿De dónde van a salir? ¿De esa masa amorfa del 60%? ¡¿De donde van a salir si el pueblo masivamente no está organizado como para hacer una diferencia?!
Los únicos que están claramente haciendo trabajo en esta área son el PC con sus candidatos jóvenes y el PRO de MEO, pero sus números son bajísimos. Y el último al fin de cuentas no se puede considerar un partido de idolología clara ni de bases, si no de ingeniería política de un sector de la elite política y de un ex revolucionario convertido en millonario y acusado de estafador, que también como Piñera, quiso invertir en política y se compró un candidato, con el cual están haciendo un programa pragmático de alternativa. ¿Pero cuanto trabajo aun tienen de organización de sus “bases?” Y poco se entiende por los medios la pertenencia de algunos candidatos independientes. Ni que planes tienen el confuso conjunto de otras organizaciones de izquierda.
Francamente, me parece una ingenuidad política extraordinaria que aquellos “presidenciables de alternativa” piensen que en el tiempo que tienen podrían sacar suficiente provecho electoral de ese 60% que no votó, como si fuera una población homogénea en su postura y capacidad política. No es que no pudieran tener gente entre el 60%, pero seguramente no es lo que se imaginan. Me hacen pensar en aquellos líderes políticos inmediatamente después del Golpe que pensaban que Pinochet caería en seis meses.
Si creo que estas candidaturas de alternativa si fueran capaces de armar un programa bien definidos de cambio, serian algo positivo, pues forzarían a la Concertación, especialmente si Bachelet es la candidata a moverse hacia al izquierda.
No se trata de las elecciones, se trata de la sociedad, de la que no es parte del pequeño porcentaje que controla los bienes y los poderes. Y esos potenciales presidenciables harían mejor en imaginarse a la mayoría de la población chilena, de como se organiza de modo que tenga una chance real de obtener poder y justicia para todos en un proceso electoral ojala dentro de un futuro no tan lejano. Y se trata de la capacidad de cada una de las personas y de cada una de las organizaciones que desean el cambio, de entender que únicamente se llegará a derrotar al neoliberalismo, si todas las fuerzas y organizaciones hacia la izquierda son capaces de imaginar y crear una utopía y un frente unido que la defienda. Pueden darse mil vueltas de carneros todas las mejores ideas y los mas comprometidos o ambiciosos lideres, y pueden seguir dejando de participar en las elecciones cada vez más personas en forma consciente, pero si no se entiende la naturaleza y la capacidad devoradora del neoliberalismo, las fuerzas portentosas que tiene, y la necesidad de organización como de unidad de los ciudadanos, no hay camino al bien común, a la utopía de una sociedad justa.
Pueden vociferar, indignarse individuos y masas, y pensar, ilusionados, los presidenciables que el 60% los esta siguiendo desde el Cielo político y que van a caer como una lluvia de langostas sobre el sistema. Pero no es hora de pensar en cuanto conseguirán gracias al descontento generalizado, obvio por la movilización de los estudiantes desde 2011 y las municipales. Es la hora de organizarse junto a la ciudadanía.