El gerente general de una hidroeléctrica en Honduras se convirtió el lunes 5 de julio en el octavo sentenciado por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, una férrea opositora al proyecto que desarrollaba esa compañía en territorio indígena.
A los Tribunales Ambientales llegarán parlamentarios, ambientalistas y organizaciones indígenas para impugnar el reciente fallo del Tribunal Constitucional que descartó la posibilidad de revisar el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Los dirigentes señalan que este decreto viola la convención de Washington, que protege a las especies silvestres y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece su derecho a ser consultados.
Preocupación despertó en organizaciones socio ambientales el fallo de la Corte Suprema que permite a las empresas mineras la extracción de agua sin la necesidad de contar con los derechos de aprovechamiento del recurso hídrico. La resolución, que se contrapone a un dictamen anterior, va a generar una reacción “contundente” de la ciudadanía, según advirtieron agrupaciones de la sociedad civil.
