Organizaciones de DDHH denunciaron que el Estado chileno, mediante su sistema judicial, sigue aplicando la Ley Antiterrorista a menores de edad mapuches, a pesar de que en los años 2010 y 2011 se dictaron dos importantes reformas legales que les excluyó explícitamente de su aplicación y pese a las reformas realizadas a la Ley Antiterrorista.
