A las críticas provenientes del mundo civil y de organizaciones como el Consejo para la Transparencia y la ONU, se sumaron voces desde la UDI hasta el Frente Amplio y que buscan revocar la idea del Ejecutivo de ampliar el tiempo y cantidad de datos que conservan las compañías de telecomunicaciones, con el fin de que las policías accedan a dicha información.
