Según la acción judicial, la eliminación de documentos habría ocurrido en el año 2000 durante una mesa de diálogo conformada para esclarecer la información sobre las causas de violaciones a los DDHH en dictadura. Frente a ello, la abogada de la organización, Magdalena Garcés, indicó: “Nos parece que no ha habido una búsqueda rigurosa de esa información, sino más bien aparecen ciertas tendencias de ocultamiento y encubrimiento”.
