El “asado de camaradería” que adherentes al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff pretenden realizar este miércoles en el Penal Cordillera no cuenta con autorización de Gendarmería y, por lo tanto, no podría ser realizado. Esta actividad se presenta en el contexto en el que el Presidente Sebastián Piñera evalúa el cierre del penal Cordillera y el traslado de los diez condenados por violaciones a los derechos humanos a Punta Peuco.
Por cada peso que el Estado gasta en un recluso de una cárcel común, invierte más de 3 en la mantención de un interno del penal de Punta Peuco y más de 5 por cada preso del Penal Cordillera, donde en conjunto están los 55 condenados por causas de Derechos Humanos. La información, entregada por Gendarmería a través de la Ley de Transparencia, revela una serie de otros tratos preferenciales, como el derecho a visita diaria de familiares, entre las 10 y las 17 horas.
La Asociación Nacional de Suboficiales (Ansog) iniciaron un paro indefinido a nivel nacional para exigir que se cumplan sus demandas, denunciando un “abandono histórico” de los gobiernos, sus principales exigencias son la recuperación de la asignación de riesgos, capacitación, profesionalización de la institución y readecuación del escalafón.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios instó a la Fiscalía a que considere el testimonio de un ex reo de la Cárcel de San Miguel, quien declaró que los responsables de iniciar el incendio que acabó con la vida de 81 personas están vivos.
Cerca de las cuatro de la mañana comenzó un incendio en el Centro de Detención Preventiva de Quillota, en la Región de Valparaíso, según las primeras hipótesis, luego de una pelea en los dormitorios. Al menos 14 personas han resultado lesionadas con heridas leves de naturaleza punzante a causa de estos enfrentamientos según lo confirmó […]
Con la presencia de una serie de pruebas y declaraciones de testigos, la Fiscalía Metropolitana Sur pretende comprobar la participación de los ocho imputados en este caso en la muerte de 81 internos la madrugada del 8 de diciembre de 2010. Dentro de las personas que presentarán testimonio están el ex ministro de Justicia, Felipe Bulnes y el ex ministro del Interior, actual titular de Defensa, Rodrigo Hinzpeter.
Los hijos de dos de los torturados en el conocido caso “Degollados” criticaron la decisión de la Corte Suprema, que ratificó el beneficio de salida dominical a los condenados por el asesinato de Santiago Natino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Su descontento se materializó con una manifestación en tribunales.
El INDH emitió un comunicado donde destaca las garantías de las personas privadas de libertad, además de las obligaciones del Estado para la libertad de credo, aun cuando se trate de quienes están en la cárcel. En este sentido, apoyó la gestión del Ministerio Público y Gendarmería, por su asistencia a mapuches que cumplen con condenas en distintos penales.
Siete reos de los módulos 53 y 54 de la cárcel concesionada de Valdivia decidieron este lunes coser sus bocas, como medida de presión para exigir el traslado a un recinto penal más cercano a sus domicilios, en la Región Metropolitana. La medida se suma a la huelga de hambre protagonizada por siete reclusos desde […]
Funcionarios de Gendarmería acudieron al Palacio de La Moneda a demandar el cumplimiento de compromisos firmados por el Presidente Sebastián Piñera, cuando éste era candidato. A través de una carta remitida al mandatario, los gendarmes hicieron ver su interés por modernizar la institución penitenciaria, para que deje de figurar entre los organismos menos prestigiados de los 340 que componen al Gobierno.
El nombramiento del coronel Marco Fuentes Mercado como director subrogante de Gendarmería levantó críticas hacia la institución, esto por una destacada asunción pese a ser un cargo provisorio. Marco Fuentes aparece vinculado en el polémico memorándum de Álvaro Corbalán, situación que está bajo investigación.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella criminal contra los funcionarios de Gendarmería que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de tortura contra 31 reos del Centro Penitenciario Llancahue (Cárcel de Valdivia).
