Así lo plantean tanto desde el Colegio de Profesores como del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), para quienes la implementación de la nueva norma se relaciona con una discusión que se explica a partir de la educación extremadamente privatizada que existe en el país.
Un proceso inconsistente y poco prolijo son algunos de los calificativos que recibe, a más de dos años de que fuera anunciado el proyecto. Investigadores y estudiantes no dudan en apuntar a la incapacidad política y la ausencia de un diseño claro, en una iniciativa que vivió un nuevo retraso legislativo.
En el informe titulado “Chile: Prioridades de políticas para un crecimiento más fuerte y equitativo”, el organismo de cooperación internacional reconoce el fuerte crecimiento económico que ha experimentado el país, al tiempo que advierte relevantes deficiencias en materias educativas, laborales y productivas.
Desde el ámbito académico aseguran que el Gobierno busca diluir el proceso, pensando en las elecciones municipales del próximo año. Asimismo, critican las incoherencias sobre la posibilidad de un real cambio de paradigma o simplemente mejorar lo existente para mantenerlo. Entre el oficialismo reconocen las preocupaciones.
