Según la denuncia de las organizaciones, la empresa Aguas Pacífico está ofreciendo más de 2 millones de pesos “para que no interfieran en la construcción de la desaladora ya sea movilizándose o interponiendo recursos legales”.
El gobierno de Sebastián Piñera, a través de su oficina de proyectos sustentables, encargada de viabilizar inversiones extranjeras en Chile, puso en carpeta y dentro de sus prioridades la construcción de la planta desaladora más grande de Latinoamérica en la región de Atacama.
