Las denuncias por el caso Penta reposicionó el debate sobre el financiamiento de la política y puso en cuestión el aporte reservado de las empresas que logran a través de este mecanismo legal reducir sus impuestos.
Un llamado de atención, pedir disculpas públicas al empresariado, y dejar constancia de la actitud democrática de la DC, fue suficiente para que el embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras se quedará con el cargo y el Gobierno diera por cerrado el tema. Sin embargo la insatisfacción de la Alianza y la DC sigue generando reacciones.
Cristian Monckeberg, presidente de Renovación Nacional, aseguró que esta conducta pone en duda la convicción de RN de avanzar en un acuerdo legislativo en materia de conductas antiterroristas.
“Los aportes son reservados para la ciudadanía, pero no para quienes los reciben”, denunció el parlamentario por Magallanes en Radio Universidad de Chile. Recalcó además que los aportes reservados y sus compromisos envuelven a candidatos de todos sectores: “La relación entre el dinero y la política es transversal a todos los sectores”.
Desde que se supo que el mecanismo estaría dentro de uno de los puntos de perfeccionamiento de la democracia de la Nueva Mayoría, han surgido críticas a su existencia argumentando que la iniciativa pertenece a la “izquierda chavista” o que está presente en países con problemas de inestabilidad política, esto a pesar de que el instrumento se utiliza en Estados Unidos, Suiza y Canadá.
Esta semana continúa la revisión de la reforma al sistema electoral binominal propuesta por el Gobierno, que luego de materializar un importante acuerdo con parte de la oposición, tendrá que lidiar con una indicación que no es de su total comodidad. Además de sumarse el caso Penta, que afecta duramente a la UDI en la discusión de los aportes reservados; se mantiene un cuestionamiento de fondo a la reforma que se está impulsando en la materia, por cuanto respondería a la premisa: “cambiar todo para que todo siga igual”.
Durante las últimas semanas la oposición ha centrado su agenda política en temas de seguridad: elaboró propuestas para la Araucanía; pidió ampliar la querella contra los detenidos por las bombas en el metro y ahora planteó su posición a la comisión que estudia las modificaciones a la Ley Antiterrorista.
Distintos personeros del pacto oficialista se pronunciaron a favor del fortalecimiento de los servicios de inteligencia y la utilización de agentes secretos. Antes del 30 de septiembre, el gobierno enviará el proyecto que modifica la Ley Antiterrorista, y en un mes más enviaría proyecto que fortalece el Sistema Nacional de Inteligencia.
La Presidenta Michelle Bachelet encabezó en el Palacio de La Moneda el denominado “Encuentro de unidad con partidos políticos contra la acción terrorista” cuya finalidad era dar una señal a raíz del atentado del lunes pasado, y la preocupación ante los anuncios de bomba. Si bien coincidieron en tratar la situación “como un tema de Estado”, cada sector puso sus propios énfasis, pasando por la crítica al Gobierno y la eficacia de sus organismos, así como también la instalación de agendas propias.
Cuando han transcurrido casi 48 horas desde que ocurrió el atentado terrorista que afectó al centro comercial ubicado en la estación Escuela Militar del Metro la Mandataria encabeza una cumbre con representantes de los partidos y movimientos políticos del país, como una manera de mostrar una señal de unidad ante el ataque que dejó catorce personas lesionadas.
Los Senadores RN, Francisco Chahuán y José García Ruminot, se refirieron a cifras de la DIPRES, que revelan un estancamiento de los proyectos de inversión en el Ministerio de Salud.
Senador RN, García Ruminot, considera que el fallo de la SVS en caso Cascadas, demuestra que las instituciones funcionan pero que hay que estar atentos a nuevos instrumentos financieros creados por el mundo privado que pueden escapar a la regulación.
