Era cuestión de tiempo: la Convención Constucional chilena, que esta semana ha echado a andar en su camino definitivo hacia la redacción de una Nueva Carta Magna que sustituirá aquella impuesta por la dictadura cívico-militar hace 41 años, ha recibido un nuevo embate. Depositaria del gran anhelo de cambio otorgado por la ciudadanía en el propósito de sentar las bases de una sociedad liberada del modelo neoliberal que ha regido a Chile en el último medio siglo, la Convención suma en contra ahora la negativa conceptualización de su quehacer que hace la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entidad con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, que representa los intereses de los grupos económicos propietarios de los medios informativos más poderosos del continente.
La mayoría de los países de la región, no sin enormes dificultades, han comprendido que la democratización del espacio mediático es condición para la democratización de la sociedad. En Chile, en cambio, ninguna fuerza política ha tomado esta bandera, dejándola todavía en manos de organizaciones de la sociedad civil y profesionales de las comunicaciones.
Javiera Olivares, presidenta de la organización, integrará delegación de organizaciones latinoamericanas que darán cuenta de cómo esta situación afecta la libertad de expresión.
