Como cada 11 de septiembre, diversas agrupaciones de reúnen para realizar la tradicional romería hacia el Cementerio General, para recordar y homenajear a quienes perdieron la vida durante la dictadura militar. Las miles de personas que participaron este año, no sólo marcharon para rechazar el golpe de 1973 y el terrorismo de Estado, sino también para plantear los temas aún pendientes en materia de derechos humanos.

Las agrupaciones buscan verdaderas respuestas de las causas que lleva adelante la justicia, luego de que el viernes recién pasado el juez Víctor Montiglio levantara la prisión preventiva a sesenta de los 129 procesados por los casos Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia.

Mireya García, secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, aseguró que “hace varios años, se viene dando una impunidad encubierta. Cuando la justicia no se hace para que los criminales y responsables de las violaciones a los derechos humanos terminen en la cárcel, es impunidad disfrazada de justicia. Eso es lo grave, que internacionalmente Chile da una imagen que no corresponde a la realidad que estamos viviendo”.

Ejemplos que reafirman este planteamiento son casos como el de Jecar Neghme o del periodista José Carrasco Tapia, donde los tribunales rebajaron considerablemente las penas.

Aura Araya fue compañera de Rafael y Eduardo Vergara Toledo, quienes fueron asesinados el 29 de marzo de 1985 en Villa Francia. Esta causa ya tuvo una sentencia de segunda instancia.

A 24 años del asesinato de los hermanos Vergara, crimen por el cual se conmemora cada año el día del joven combatiente, Aura plantea la lucha que dieron hace tres décadas atrás debe tener nuevos bríos.

“Yo luché con ellos en esas época y nosotros entregamos todo. Ellos murieron, pero a otros nos tocó continuar. Espero que los jóvenes de hoy puedan recrear, porque hay cosas en las que se puede innovar y llegar a más gente sobre nuestra democracia o el tema de los mapuches, a quienes hay que darles autonomía y un cambio político importante no sólo tierra”, señaló.  

Uno de los más recordados es el cantautor Víctor Jara. Sus restos aún no yacen en su tumba ubicada en las cercanías del patio 29, debido a que aún permanecen en el Servicio Médico Legal.

José  Osorio, integrante de la Fundación Víctor Jara, anunció que una vez terminadas las pericias de rigor, se preparará un funeral especial. “Se está a la espera de la devolución, luego de todos los peritajes, de los restos de Víctor. Muchas organizaciones están solicitándole a la Fundación que se haga el funeral. Esperamos que se pueda concretar y hacer ese homenaje que se merece y que no puedo tener luego del golpe de estado”, indicó.

“Impunidad Jamás”

En este contexto de reflexión y memoria, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos presentó tres querellas criminales. Esta iniciativa se enmarca en la campaña “Impunidad Jamás” que lleva adelante la organización por los más de mil casos en los que todavía no se presentan acciones judiciales.

Para su presidenta, Alicia Lira, se trata de tres situaciones que no pueden quedar sin castigo.  “Como nunca se han podido presentar querellas por  estas personas, porque el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior no presenta querellas, y el gobierno le negó ese derecho también a los familiares, hoy nosotros estamos dándole ese derecho, esa reparación que necesitan las víctimas y además para los familiares que quedaron desamparados jurídicamente”, explicó.

El primero de los casos corresponde al de  Luís Gangas Torres, quien fue secuestrado y detenido en el centro de torturas de Villa Grimaldi junto a toda su familia. Su madre lo escuchó cuando era flagelado por agentes de la dictadura, luego de lo cual fue encontrado en Rinconada de Maipú, hecho que ocultaron disfrazado de un enfrentamiento con funcionarios policiales.

Mientras, José Luís Carroza Carroza, murió de 21 impactos de bala disparados por funcionarios de Carabineros, quienes lo detuvieron a raíz de una denuncia por violencia intrafamiliar.

La tercera presentación es por el caso de Marisol Vera Linares, muerta durante una protesta en calle Mapocho con Sergio Valdovinos a manos de una patrulla de hombres de civil.

 La acción judicial fue patrocinada por la abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza.