El Ministerio Público mantendrá su exigencia de 541 días de prisión para los nueve imputados en el caso denominado “empleos brujos”, ocurrido en la Quinta Región. La sentencia, que se dictaría mañana, incluso podría ser menor.

Los nueve acusados de fraude al Fisco por desvíos de fondos de programas de empleo a campañas políticas parlamentarias, podrían recibir una pena menor a la que pide el Ministerio Público, de 541 días. Sin embargo, esto fue descartado por la Fiscalía dada la severidad con que se ha actuado frente a actos defraudatorios.

Una fuerte rebaja en las sanciones penales pidió el Ministerio Público de Valparaíso para los nueve imputados por el caso de desvío de fondos fiscales de los Programas de Generación de Empleo (PGE) a campañas políticas parlamentarias ocurrido en la Quinta Región.

Después de varios reveses judiciales, la Fiscalía buscará resolver los casos de Viña del Mar, Quillota y San Felipe, con penas rebajadas para los imputados, desde un rango entre los 6 y 3 años hasta los 541 días.

El fiscal a cargo del caso, Lionel González, señaló que lo solicitado está en concordancia con lo establecido en la ley penal y con las expectativas del Ministerio Público, descartando que las penas puedan ser menores a lo propuesto en el juicio abreviado.

“No se aprecia razón para disminuir la pena, porque no hay en los imputados una razón que lleve a calificar especialmente su conducta para llevarla a un tramo inferior de pena. Entendemos que esta es la pena que proporcionalmente corresponde a este delito”.

Si bien existe una rebaja fuerte de las penas que fueron solicitadas originalmente, el tribunal tiene la posibilidad de rebajarlas aún más, ya que en juicio abreviado los jueces sólo tienen el límite de no excederse de las penas solicitadas, pero pueden reducirlas.

Pero el fiscal afirmó que las sanciones deberían mantenerse, si se toma como antecedente “la severidad con que últimamente se sanciona o castiga estos delitos para mantener la pena en un tramo superior y no descender a un tramo inferior Y digo esto por el disvalor de acción y de resultado que supone un acto defraudatorio al Fisco”.

Los casos  del presente juicio abreviado corresponden a uno de los seis procesos abiertos por el de desvío de dineros públicos a las campañas parlamentarias y municipales de los años 2004 y 2005 en la Quinta Región, involucrando una suma de más de 39 millones como pérdida fiscal.

Si bien hay sentencias condenatorias que confirman los hechos, los resultados han sido menores contra quienes fueron sindicados como principales responsables, como la absolución de la diputada PPD Laura Soto en Valparaíso y el abandono de la causa contra el diputado PPD Rodrigo González, sólo lográndose penas menores a ex funcionarios y colaboradores de los parlamentarios.