A través de un decreto alcaldicio emitido el 22 de septiembre, la Municipalidad de Puchuncaví ordenó la demolición de las obras de la central termoeléctrica de Campiche, levantada por la empresa AES Gener en la costa de la Quinta Región.
 
La orden se basa en que las construcciones han sido realizadas sin contar con el respectivo permiso de edificación, ni tampoco con la autorización de la Dirección de Obras Municipales, por lo que se tomó la decisión basada en las normas establecidas por la Ley General de Urbanismo y Construcción.
 
Ricardo Correa, vocero del Consejo Ecológico de Puchuncaví y Quintero, valoró esta resolución municipal, señalando que el organismo que representa había solicitado esta medida en numerosas oportunidades.
 
Además señaló que la orden de demolición está de acuerdo a lo que establecen las normas legales, pues anteriores resoluciones de Contraloría y tribunales ya habían revelado una serie de iregularidades.

“Demoler la estructura ilegal que se encuentra emplazada allí, o bien le dé un uso que pudiera ser adecuado para otros fines que no sea una termoeléctrica. Esa es una zona de restricción primaria por asentamiento humano. Todo el verso funcionó en que era una zona de restricción fluvial, y ése es el ilícito: cambiar la letra de la ley”, explicó.
 
Por su parte, Iván De La Maza, intendente de la Quinta Región, quien está a favor de concretar la instalación de la central de Campiche, señaló, que si bien existen permisos legales que deben ser cumplidos, la decisión del Municipio de Puchuncaví representa un perjuicio para la zona.
 
“Es perder una empresa importante, que ha hecho una inversión gigantesca, afectar la confianza de quienes trabajan aceptando determinadas normativas y que luego ciertas acciones judiciales se las rechazan. Tenemos que tener todo claro antes de iniciar una obra, pero lo que no podemos hacer, a mi juicio, es que pierdan la confianza quienes vienen a hacer grandes inversiones”, manifestó.
 
La empresa AES Gener fue notificada este miércoles, y tiene 60 días para ejecutar la demolición, el mismo plazo que tiene para apelar la orden municipal.
 
Sin embargo, este es el segundo embate que golpea el proyecto. La Corte Suprema ya había determinado la paralización de las obras de la central de Campiche, debido a la irregularidad en el uso de suelo donde se emplazaría.
 
La Termoeléctrica Campiche contempla una inversión cercana a los 500 millones de dólares y estaba planificada para iniciar su funcionamiento en  2011.