La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la suspensión de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordenada mediante el decreto ejecutivo PCM-M-016-2009, publicado por las autoridades de facto en Honduras, el 26 de septiembre de 2009.  

Según la CIDH dicha suspensión viola el derecho internacional, pues fue adoptada para sostener a un gobierno ilegítimo, nacido del quiebre de la institucionalidad democrática provocada por los opositores al gobierno constitucional de Manuel Zelaya.