Los espacios públicos son esquivos con las personas discapacitadas. Están llenos de pequeños riesgos que para las demás personas pasan inadvertidos, pero que para nosotros pueden llegar a ser inminentes enemigos que nos acechan constantemente o grandes retos para poder llegar a un trivial destino.

Esto nos hace pensar muchas veces como nuestras ciudades se vuelven contra nosotros y también nos discriminan, al no querer que participemos de sus bellezas y particularidades. Calles, avenidas, plazas, parques y edificios no están adaptados para discapacitados, estando lejos de ser un lugar público y siendo relegados a lugares de recuerdos contradictorios.

Muchas veces solo falta una baranda, un desnivel, una rampla o una buena mantención para que estos lugares sean de beneficio público completamente. Tan solo un poco de inversión junto con otro de ingenio pueden variar el panorama, pues para los discapacitados los detalles son vitales, sobre todo en lo referente a la seguridad para generar la confianza necesaria y poder participar en actividades o concurrir a ciertas partes de la ciudad.

Esta realidad es inherente a todo nuestro país, pues desde la localidad más pequeña a las capitales de las regiones se observa un descuido en los espacios públicos, lo que va en merma directa de quienes tenemos alguna limitación física o de quienes emplean alguna ayuda para su desplazamiento, como sillas de ruedas, bastón, órtesis, prótesis o tal vez solo muletas de forma provisoria.

En la lógica de hacer a los espacios públicos lugares reales para la inserción social, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu) quiso dar un paso estableciendo diciembre de 2003 como fecha límite para que todos los edificios públicos contaran con accesos preferenciales para personas discapacitadas, generando una esperanza de que en esos sitios si encontraríamos un acceso expedito.

Mas han pasado casi seis años de que el Decreto 201 del Minvu expiró y debió ponerse en práctica, pero todavía existen edificios que no cumplen con tal requisito legal. Además, este decreto se convierte en moneda de cambio en tiempos de campañas presidenciales, donde los candidatos ofrecen hacerlo respetar como pronunciamiento principal al referirse sobre la discapacidad en sus programas.

Este tema debió quedar zanjado hace años y ahora es tiempo de actuar más que prometer, tanto por parte de los candidatos como del resto de los actores sociales. También es necesario que nosotros, los discapacitados, hagamos valer nuestros derechos de poder disfrutar los espacios públicos de forma digna y sin temor a una caída por la falta de una simple baranda.