La Presidenta Michelle Bachelet firmó un decreto para honrar la fecha, con el objetivo de homenajear a las víctimas de la dictadura y a sus familiares. A la misma hora se presentaba una querella en contra de los responsables de las torturas al hijo del ex Secretario General del Partido Comunista, Luis Corvalán.

En el Palacio de La Moneda se firmó el decreto que establece el 30 de octubre como el Día Nacional del Ejecutado Político, un paso más en materia de derechos humanos, según dijo la Presidenta Michelle Bachelet, que estuvo acompañada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Bachelet destacó el significado de esta fecha como un momento para la memoria, para que nunca más en el país ocurran estos hechos, además como un homenaje a la labor que han desarrollado los familiares de ejecutados políticos y las víctimas de los derechos humanos.

“Es además un reconocimiento y un homenaje a la notable labor que ustedes han realizado, sus familiares, gracias a cuya valentía, tesón y testimonio hemos podido preservar la memoria de los ejecutados y presentar sus casos a la justicia. Este día será cada año una buena oportunidad para reafirmar nuestra adhesión a la cultura de la paz, del diálogo, de la aceptación, de la diversidad y al pluralismo”, subrayó Bachelet.

Además, sostuvo la mandataria, que otro paso importante es el avance que ha demostrado la constitución del Instituto de Derechos Humanos, cuyo veto aditivo fue aprobado esta semana por la Cámara de Diputados y que, dijo, espera que sea aprobado a la brevedad por el Senado.

Este veto aditivo fue una de las demandas presentadas por las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, tanto de ejecutados políticos como de detenidos desaparecidos, por lo que a juicio del diputado integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Tucapel Jiménez, que estuvo presente también en esta ceremonia, es un avance que cumplirá las expectativas de las organizaciones.

“Hay unas observaciones de las organizaciones de derechos humanos, el acuerdo o la petición de los diputados de la Concertación, fue que la Presidenta se comprometiera a enviar un veto, el ya fue enviado y aprobado por Cámara de Diputados y que ahora está en la comisión de Derechos Humanos del Senado, donde espero que también se apruebe porque con ese veto va a cumplir todas las expectativas que tenían las agrupaciones de derechos humanos”, señaló Jiménez.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, consideró la instancia como un momento de largas luchas que culmina con el reconocimiento de sus familiares, que fueron ejecutados por la dictadura que encabezó Augusto Pinochet.

Sin embargo, aprovechó de hacer un llamado a la mandataria y a los parlamentarios a reformar  al artículo 93 del Código Penal, que impida la ampliación de beneficios en las condenas a quienes participaron en este tipo delitos.

“Ese pedido que le hacemos a la Presidenta, se lo vamos a hacer a los parlamentarios. Y más adelante vamos a tomar más acciones referente a aquellos jueces que hoy no están respetando las normativas internacionales en los crímenes de lesa humanidad, como el señor Ballesteros, el señor Segura, el señor Pfiffer, que no respetan los tratados internacionales y en estos crímenes horrorosos, los criminales hoy están en libertad”, denunció Lira.

Cabe destacar que la Comisión Valech estableció que hay un secreto de 50 años sobre el nombre de los victimarios de quienes participaron de la DINA o la CNI, por lo tanto, no se pueden presentar las querellas correspondientes en contra de los ex agentes de los organismo de seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet.

También al mediodía en la sede del Palacio de Tribunales, se presentó una querella criminal para conocer y establecer las responsabilidades penales de quienes fueron los torturadores de Luis Alberto Corvalán Castillo, hijo del ex Secretario General del Partido Comunista, Luis Corvalán; la que se sumó a otras dos en el  nombre de Osvaldo Tapia y Arnoldo Flores, también ejecutados y que hasta hoy se desconoce a los responsables, por lo que no se han aplicado las sanciones correspondientes.