El proyecto Hidroaysén es paradigmático del modelo neoliberal insustentable que gobierna nuestro país desde hace más de tres décadas.

Endesa, principal socio del consorcio proponente, fue robada a todos los chilenos en los últimos días de la dictadura como parte del saqueo que permitió el enriquecimiento de grupos como Enersis. Años después, las operaciones de despojo nacional continuaron con la venta a Endesa España y finalmente con el control de esta última por la italiana ENEL.

El otro socio es Colbún, de la familia Matte, grupo con una larga y millonaria historia de usurpación e impactos socio-ambientales en diversas áreas de negocios asociadas a la explotación y exportación de recursos naturales principalmente forestales.

Este proyecto aumenta el grotesco monopolio de Endesa en el Sistema Interconectado Central (SIC), manejado a través del privado Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC), otra de las joyitas del modelo chileno, que -sin ningún criterio de equidad- vela por la maximización de las utilidades de las empresas generadoras, sector al cual el Estado tiene legalmente prohibido el ingreso.

Esto se suma al monopolio que ejerce la misma multinacional sobre los derechos de agua no consuntivos del país, también “regalados” por el Estado chileno, para el abuso y la especulación privada a partir la principal fuente de vida y de bienestar humano.

La implementación de Hidroaysén consolidaría el modelo energético basado en megaproyectos, con altos impactos negativos y nulos o escasos beneficios para las comunidades en cuyos territorios se emplazan, y al mismo tiempo restringiría y retrasaría el impulso para el desarrollo masivo de proyectos de energía renovable no convencional, con gran potencial en Chile en sus diversas formas (solar, eólica, biomasa, microhidráulica, mareomotriz, geotérmica) y varias de ellas con muchas posibilidades de desarrollo a escala comunitaria o individual.
 
En lo ambiental, y aunque el lobby y las recurrentes editoriales mercuriales hablen de Hidroaysén como un proyecto de energía limpia, el crimen ecológico que se cometería con su concreción es difícilmente igualable, considerando el valor inconmensurable de los ecosistemas que serían inundados, únicos en biodiversidad, belleza y pristinidad de sus aguas.

Las grandes represas aparecen en los primeros lugares en la lista de falsas soluciones al cambio climático promovidas desde el neoliberalismo, y en el caso de Hidroaysén se cuenta con estudios que muestran sus graves consecuencias en la reducción de captura de carbono, producto de la eventual inundación y destrucción de sumideros de CO2 y la retención de materias relevantes para la absorción de carbono en la zona marina en que desembocan los ríos Baker y Pascua. Estas pérdidas de captura son perfectamente comparables a las emisiones de carbono de centrales termoeléctricas de similar potencia que este proyecto.

En el plano socio-económico, los potenciales impactos locales abarcan un daño irreparable en el turismo, la agricultura campesina y la pesca artesanal, actividades cargadas de valor cultural e identidad patagónica.

En lugar de avanzar en el acceso equitativo a la energía, con Hidroaysén se fortalecería el sistema energético neoliberal, en que las definiciones estratégicas son tomadas por las grandes corporaciones nacionales y multinacionales en el lado de la oferta (generación, transmisión y distribución) y en el de la demanda, igualmente insustentable, principalmente en sectores de recursos naturales (gran minería, forestal) y grandes consumos urbanos (inmobiliario, comercio a gran escala, residencias de altos ingresos).

No hemos considerado aquí los enormes impactos ambientales y sociales de la colosal línea de transmisión de más de 2300 kms. que conectaría al complejo hidroeléctrico con el SIC en Santiago, pero nos basta con mencionar la aberración de que el gobierno tampoco lo haya hecho al evaluar Hidroaysén, en circunstancias de que se trata de proyectos absolutamente indivisibles.

Lo anterior es otra señal de lógica neoliberal, al evaluar con sentido privado, concibiendo la unicidad de los proyectos desde la perspectiva de los inversionistas, y no con sentido público y sistémico. Esto también se comprueba en la renuncia a cumplir con el compromiso de la Presidenta Bachelet de no concebir grandes represas sino en el marco de una clara y participativa gestión de cuencas, hasta hoy inexistente.

Este lunes, la Corema de Aysén y el gobierno tienen una nueva oportunidad para terminar con el vergonzoso proceso de evaluación de Hidroaysén, colmado de irregularidades, y rechazar el proyecto. De esta manera, no sólo estarán evitando los muchos males derivados del mismo, sino también ayudando a corregir el rumbo de nuestro país y nuestra sociedad, menos en el sentido del neoliberalismo, y más en el de la sustentabilidad y la verdadera democracia.

Eduardo Giesen es coordinador para América Latina y el Caribe del Programa de Justicia Climática y Energía de la federación Amigos de la Tierra Internacional